El Gobierno de España está tramitando la modificación de la normativa sobre reconocimiento y autorización de centros universitarios para garantizar la calidad del conjunto del sistema universitario y, de esta manera, evitar la proliferación de universidades de bajo coste o chiringuito.
La derecha se opone a esta normativa porque considera que va contra la libertad. Pero ¿de qué libertad está hablando el PP? Me viene a la memoria cuando el expresidente Aznar, en uno de sus delirios libertarios, preguntó ante una multitud de personas durante la fiesta del vino: “¿Quién es el Estado para decirme cuánto alcohol puedo beber antes de conducir?”. Y proclamó: “Déjenme beber tranquilo”. El problema es que este discurso político facilita que borrachos impresentables acaben con la vida de personas inocentes en las carreteras. Por el contrario, los socialistas consideramos que el bien común está por encima de los impulsos egoístas de unos pocos y que los representantes de los ciudadanos tenemos el deber de establecer normas que garanticen la seguridad del conjunto de la sociedad.
De esos polvos, estos lodos. Al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”, las CCAA donde gobierna el PP están aprobando la creación de numerosas universidades low cost, y ello a pesar de que incumplen los estándares que garantizan la calidad de la formación de los estudiantes, que –no lo olvidemos– están llamados a desarrollar profesiones muy importantes en la sociedad. No lo digo yo, lo dicen los informes independientes de las agencias de calidad universitaria.
Las CCAA gobernadas por la derecha están dañando la calidad del conjunto del sistema universitario, público y privado, pues las universidades privadas low cost, en muchos casos promovidas por fondos de inversión que solo buscan ganar el máximo dinero posible, suponen una competencia desleal hacia las universidades privadas que sí cumplen los estándares de calidad.
La derecha está desarrollando un plan para que la educación universitaria sea un negocio más. Así, mientras con una mano favorecen las universidades privadas de bajo coste y calidad, con la otra mano deterioran las universidades públicas. Y esto tiene consecuencias en la igualdad de oportunidades reales.
Comparemos dos CCAA con renta per cápita similar: Madrid y la Comunidad Foral de Navarra. Mientras que el Madrid de Ayuso es la CCAA que menos invierte en formación universitaria –no llega a 5.500 euros por alumno–, niega la financiación suficiente y plurianual de las universidades públicas, dejándolas en quiebra técnica, y autoriza la creación de multitud de universidades privadas en contra del criterio de la agencia de calidad universitaria. Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra, liderada por Chivite, invierte casi 11.000 euros por alumno y acaba de firmar un nuevo convenio de financiación plurianual, estable y suficiente, que permite a la universidad pública cumplir los objetivos que le marca la sociedad navarra a la que sirve.
Dos formas de gobernar que tienen dos consecuencias:
Primera: un niño o niña nacido en Navarra tiene muchísimas más posibilidades de desarrollar todo su potencial independientemente de su renta familiar que si hubiera nacido en Madrid. Hay más igualdad de oportunidades reales en Navarra que en Madrid.
Segunda: el tejido económico de Navarra tiene a su disposición más talento para seguir creciendo a base de conocimiento e innovación.
No es casual que Navarra sea la CCAA con mayor porcentaje de PIB industrial y los mejores índices de calidad de vida de toda España.
En el fondo de esta polémica subyacen dos modelos de país y de sociedad:
El modelo universitario de la derecha, que favorece las universidades privadas, fomenta las universidades de bajo coste o chiringuito y deteriora las universidades públicas. Modelo que busca que solo los que tienen más capacidad económica puedan acceder a la formación superior, y que reserva al resto de la sociedad el papel de mano de obra barata, precaria y poco cualificada. Así, durante sus gobiernos, la derecha practicó recortes masivos en educación e investigación públicas, y aprobó una reforma laboral que esquilmó los derechos de los trabajadores.
Mientras que el modelo universitario del Partido Socialista favorece que las clases medias y trabajadoras tengan igualdad de oportunidades reales mediante universidades públicas de calidad y excelencia; tasas universitarias públicas accesibles; becas públicas entendidas como un derecho subjetivo (cada año batimos un récord en becas) y fondos públicos destinados a la investigación e innovación (20.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado).
Los socialistas no solo desarrollamos este modelo por ser más justo socialmente, sino también porque queremos competir en el mundo a base de talento y conocimiento, pues esta es la mejor fórmula para crear empleo de más calidad y bienestar social. La consecuencia de nuestro modelo es clara: España crece más que nunca, es la mejor economía del mundo según la prensa especializada, vamos por la senda de 23 millones de afiliados a la Seguridad Social, y los trabajadores tienen más derechos gracias a la reforma laboral.
*El autor es senador del PSN-PSOE
