Han pasado ya 47 años y no pueden pasar ni uno más. Ni un año más sin que por fin se levante, por todas las instituciones, el velo de silencio e impunidad que sigue rodeando a los trágicos acontecimientos ocurridos en Pamplona el 8 de julio de 1978 y que se saldaron con miles de heridos y un muerto: Germán Rodríguez. En ese camino colectivo, Navarra, la propia ciudadanía de Iruña, las asociaciones memorialistas, peñas, partidos y distintas instituciones han dado pasos muy importantes y deben seguir encontrándose y sumándose energías. Nadie sobra y todo suma.
Porque en los últimos años, más allá de declaraciones e iniciativas políticas, el Gobierno y el Parlamento han dado pasos decididos en el reconocimiento de estas víctimas de violencia política. Así, en el año 2017 el Gobierno de Uxue Barkos presidió el primer acto de reparación a unas víctimas como las de Sanfermines 78, en aquel momento todavía sin posibilidad de reconocimiento oficial por las trabas que los gobiernos del PP de Madrid estaban poniendo a la ley aprobada por el Parlamento de Navarra. En aquel acto, familiares de víctimas, entre otras de German Rodríguez, hablaron de un momento impensable y una utopía hasta hacía poco, a la par que reclamaban valentía a las instituciones para sacar a la luz una realidad encubierta durante largos años.
Valentía que desde Navarra se materializó con una nueva ley, la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos que ha abierto un camino de un reconocimiento de las víctimas, también de Sanfermines 78. Y con la puesta en marcha de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, dependiente del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera que ya ha reconocido a 7 personas como víctimas de la violencia que, en 1978, el 8 de julio se desató en las calles de Iruña. De este modo, una de cada diez de las víctimas reconocidas corresponde a estos hechos concentrados en unos días que conmocionaron a toda una ciudad y se extendieron más allá de Navarra en unos años sin Franco, pero con claros restos del franquismo.
Víctimas que han solicitado su reconocimiento tal y como recoge la ley, ya que hay que precisar que la Comisión, según lo establecido por la ley, no actúa de oficio. Por ello, también en este ámbito –como en otros casos de vulneraciones de derechos por tortura, atentados de extrema derecha, etcétera– es determinante la iniciativa y la voluntad de los entornos de las víctimas para activar estos procesos.
Desde el absoluto respeto a la posición de quienes están legitimados para hacerlo, no hay duda de que sería una buena noticia su tramitación, a sabiendas de que dicha ley tiene sus déficits tras la sentencia del Tribunal Constitucional, pero también posibilita un reconocimiento individual y social a unas víctimas abandonadas e ignoradas por las instituciones y parte de la sociedad y las instituciones.
Porque todo esto pretende no solo aliviar esas pesadas mochilas que producen la violencia –algo que solo los y las afectados pueden valorar en qué medida– a configurar un relato colectivo en torno a la deslegitimación de la violencia y la defensa de la democracia. A tratar de saldar, como sociedad, cuentas con la verdad y el pasado. Pero también a garantizar su no repetición en el futuro.
Es cierto que las instituciones han ido detrás de la sociedad civil que ha mantenido viva, de 8 de julio en 8 de julio, la llama de la reivindicación y la denuncia. Pero han llegado. Hemos llegado. Al menos desde el ámbito local y autonómico. Ojalá también desde el estatal, espacio competencial y de responsabilidad clave en lo que sucedió. Y estamos aquí abiertas y dispuestas a seguir avanzando. Paso a paso. Transitando desde la verdad a la reparación; y del reconocimiento –ojalá– a la justicia.
Desde mi posición como consejera en este Gobierno de Navarra desde 2015 –y como miembro de Geroa Bai– seguiremos demandando la modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Una norma de origen franquista que no puede seguir siendo todavía una pantalla de ocultación del pasado porque nos jugamos el futuro de una democracia sana y con memoria colectiva. Y para eso, también el paso dado por todas estas personas en Navarra de confiar en esta Comisión de Reconocimiento y Reparación, esas personas que sufrieron la violencia ilegítima y brutal ese julio de 1978 son importantes.
Pasos y esfuerzos generosos y valientes para nada incompatibles con otras vías abiertas tanto en otros niveles como ámbitos institucionales. De Iruña a Madrid. Pero desde luego desde Navarra. Del poder legislativo al ejecutivo, en un ejercicio de empatía y de escucha a esa mayoría social y plural que considera las políticas públicas de Memoria un elemento fundamental de su ADN.
Por eso un año más estaremos junto al monolito de Germán. Y lo haremos desde el máximo respeto a su figura y a la voluntad de sus familiares, para sumar energías en el recuerdo y también en la reivindicación de una ciudad y una sociedad que se merece que nadie ni nada reviente una fiesta sin igual ni el ansia y la defensa de la convivencia democrática. Ni antes. Ni ahora. Ni nunca.
La autora es consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera de Navarra