Estos días se cumplen diez años desde que se suprimieron, en su práctica totalidad, los servicios de escolta a los cargos públicos en nuestro país. Una década después es justo rendir homenaje a quienes, desde el anonimato y la profesionalidad, hicieron posible el desarrollo de la vida política e institucional en tiempos especialmente difíciles. Me refiero a los escoltas, hombres y mujeres de la seguridad privada, cuya entrega fue absoluta en la defensa de la integridad y la vida de aquellos a quienes protegían.
De bien nacidos es reconocer esa labor con palabras de gratitud y memoria. No fueron solo trabajadores; fueron un pilar invisible, pero esencial, de nuestra democracia. Su trabajo se rigió siempre por lo que establece el artículo 30 de la Ley de Seguridad Privada: actuar con integridad, respeto a la legalidad, reserva profesional, dignidad en el ejercicio de sus funciones, congruencia y, de manera muy especial, colaboración constante con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese binomio, esa unión silenciosa entre seguridad pública y privada, salvó muchas vidas.
Tampoco podemos olvidar que esta tarea no fue solo de los profesionales de la seguridad privada (empresas, coordinadores, administrativos, escoltas…). También debemos rendir homenaje a todos los miembros de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías autonómicas (Policía Foral, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Canaria), y policías locales, que igualmente pusieron su profesionalidad al servicio de proteger a quienes eran objetivo de quienes querían destruir la democracia. Su compromiso, al igual que el de sus compañeros del ámbito privado, fue total.
Un recuerdo especial y emocionado a quienes pagaron con su vida el precio de defender la libertad. Escoltas y funcionarios públicos asesinados por el mero hecho de estar al lado de un cargo público. Personas que decidieron entregar su profesionalidad, su tiempo y, en algunos casos, hasta su futuro por defender algo que iba mucho más allá de un trabajo: defendieron vidas, defendieron instituciones y defendieron democracia.
Gracias a ellos y ellas muchos políticos pudimos ejercer nuestra labor en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos y gobiernos autonómicos. Sin ellos, muchas decisiones, muchas leyes y más libertades simplemente no habrían sido posibles.
Por todo ello, esta carta no es solo un homenaje personal. Es un deber de todos. La sociedad debe recordar siempre a quienes, desde la discreción, ayudaron a proteger lo que hoy disfrutamos. Porque olvidar esa labor sería una injusticia. La gratitud y la memoria es un compromiso colectivo. Y aunque algunos se empeñen en olvidarlas, la historia y la certeza de lo que pasó, nunca se lo permitirá.
Gracias por siempre.
El autor es director de Seguridad de Unión del Pueblo Navarro. Escoltado durante 15 años
