En Estados Unidos, a donde recientemente me he mudado por motivos profesionales, ha levantado una enorme polvareda la decisión del presidente de Trump de destituir a Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. Una decisión que ha llevado a la señora Cook a demandar, a su vez, al presidente estadounidense por intentar cesarla. No entraremos aquí en los detalles concretos y complejos de este caso, pero sí vale la pena detenerse en un tema de fondo que afecta a la estabilidad institucional y económica de cualquier nación: la independencia de los bancos centrales.
Hasta hace algo menos de medio siglo, los bancos centrales estaban fuertemente sometidos al poder político. En esas condiciones, los gobiernos siempre tenían la tentación de “forzar” al banco central a imprimir dinero o a mantener los tipos de interés artificialmente bajos, sobre todo antes de unas elecciones. Aunque, a corto plazo, esto podría surtir efectos positivos sobre el crecimiento, el resultado final solía ser el mismo. El país acababa sufriendo más inflación, pérdida de confianza en la moneda y problemas para el crecimiento. En ese sentido, las hiperinflaciones son la mayor evidencia histórica de los peligros de un banco central al total servicio del gobierno de turno.
A partir de los años ochenta del pasado siglo, muchas naciones concluyeron que lo mejor era dar autonomía a los bancos centrales. Así, la misión de controlar la inflación se dejó en manos de instituciones menos expuestas al calendario electoral y con capacidades reales de estabilizar precios en el medio y largo plazo. El ejemplo del Bundesbank alemán, muy respetado por su independencia, fue clave para inspirar al Banco Central Europeo. En nuestro caso, y como condición para entrar en el euro, se dotó de autonomía al Banco de España en 1994.
La experiencia internacional es clara. Diversos estudios han demostrado que cuando los bancos centrales actúan con independencia, la inflación tiende a ser más baja y más estable. Y eso importa mucho, dado el enorme daño que la inflación provoca en los cimientos de una economía. Podríamos decir, por tanto, que la autonomía ha funcionado como un escudo frente a la tentación de “hacer política con la inflación”. En otras palabras, contar con bancos centrales independientes ha hecho posible desligar la política monetaria del cortoplacismo que el ciclo electoral imprime a la política.
Ahora bien, la independencia no puede confundirse con un cheque en blanco (y nunca mejor dicho). No olvidemos que los bancos centrales deciden el tipo de interés -el precio del dinero-, influyen en la financiación de hipotecas y préstamos, afectan al empleo y al crecimiento. Manejan un poder enorme que no puede quedar sin control en una sociedad verdaderamente democrática.
Por eso, junto a la autonomía, deben existir mecanismos de rendición de cuentas. Eso significa explicar con claridad las decisiones, publicar informes y actas, comparecer ante el Parlamento y abrirse al debate público. No se trata de limitar su independencia, sino de darle legitimidad. La transparencia refuerza la credibilidad: si la gente entiende por qué se toman ciertas medidas, la confianza en la institución crece.
Las cosas se han complicado en los últimos tiempos, porque los bancos centrales ya no solo se ocupan de la inflación. Tras la crisis financiera de 2008 y la de la pandemia en 2020, tuvieron que intervenir para evitar colapsos del sistema bancario y para sostener la economía con programas de compra de deuda y liquidez extraordinaria. Pero no solo eso. Hoy también se discute si deben preocuparse por temas como la desigualdad o incluso el cambio climático.
Semejante ampliación de funciones refuerza aún más la necesidad de control democrático. ¿Hasta dónde deben llegar? ¿Qué prioridades deben tener? Son preguntas políticas, y la sociedad debe participar en esas decisiones.
El reciente episodio en Estados Unidos muestra lo frágil que puede ser la independencia de un banco central. No basta con que esté escrita en las leyes o en la tradición. Necesita de un consenso social y político que la respalde. El reto, como casi siempre, es encontrar el equilibrio. Demasiada interferencia política erosiona la credibilidad y dispara la inflación; por el contrario, demasiada autonomía sin control puede dar la sensación de que un grupo de tecnócratas decide el destino económico sin rendir cuentas a nadie.
Por todo ello, la legitimidad del banco central se debe sostener sobre un doble compromiso: independencia frente a las presiones políticas y responsabilidad ante la sociedad a la que sirve. Un banco central no actúa en el vacío, sino en un terreno enrevesadamente plagado de intereses y tensiones políticas. Su autonomía debe entenderse, por tanto, no como un aislamiento absoluto, sino como la capacidad de resistir presiones en ese difícil entorno. Y en tiempos de incertidumbre, no están a salvo de los populismos, que tienden a señalarles como culpables de los mismos problemas —inflación, desempleo, endeudamiento— que, en teoría, deberían contribuir a resolver. Convertir a los bancos centrales en chivos expiatorios es una receta fácil para hacerse con su poder. Pero la historia demuestra que el precio a pagar puede resultar muy oneroso.
La autora es profesora de Economía en IESE Business School
