Uno de los silencios más clamorosos del sistema internacional es la exclusión de la RASD de Naciones Unidas. Se trata de una anomalía que no se explica por carencias jurídicas o institucionales, sino por la combinación de intereses estratégicos y vetos de las grandes potencias, en especial Francia y Estados Unidos. La cuestión saharaui pone en evidencia la distancia entre el derecho proclamado y el poder ejercido, entre los principios universales de la Carta de la ONU y el bloqueo del Consejo de Seguridad, entre la justicia de los pueblos y la hipocresía de los gobiernos. Y expone un doble rasero intolerable: mientras se admiten como miembros plenos microestados europeos de apenas unas decenas de kilómetros cuadrados, se margina a un país de 266.000 km², más extenso que el Reino Unido o Italia, con una población superior a la de varios estados ya integrados en la ONU y con un movimiento nacional que ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización.
El artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas establece que pueden ser admitidos como miembros todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta y estén capacitados y dispuestos a cumplirlas. La admisión exige la recomendación del Consejo de Seguridad y la aprobación de la Asamblea General por mayoría de dos tercios. En el caso saharaui, los requisitos están cumplidos con creces. En cualquier otro caso, la admisión sería automática. Lo que la bloquea no es la falta de legitimidad, sino el uso interesado del veto por parte de potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad.
Frente a los que niegan la existencia de un Estado saharaui, la realidad desmiente esas afirmaciones. El territorio existe y está definido, aunque en gran parte ocupado por Marruecos. La población saharaui supera el millón de personas, cifra superior a la de Islandia, Malta o Luxemburgo, todos ellos estados miembros de la ONU. Las instituciones de la RASD funcionan en los campamentos de Tinduf, donde se ha organizado un sistema democrático participativo basado en el Frente Polisario, con elecciones, un parlamento y un gobierno. Se han construido hospitales, escuelas y universidades. Se han formado generaciones de maestros, médicos e ingenieros en condiciones de exilio extremo. El pueblo saharaui ha mantenido una cohesión política ejemplar y un nivel de organización que muchos estados reconocidos nunca alcanzaron en sus primeros años de independencia.
El reconocimiento internacional de la RASD ha sido amplio. Más de 80 países la han reconocido a lo largo de estas décadas. Aunque algunos suspendieron sus relaciones bajo presión de Marruecos y sus aliados, el hecho permanece: la República Saharaui ha alcanzado un nivel de reconocimiento mayor al que tuvieron muchos estados recién independizados en África y Asia durante los años sesenta. Pero el respaldo más sólido proviene del continente africano. Desde 1984, la RASD es miembro de pleno derecho de la Organización de la Unidad Africana, hoy Unión Africana, con voz y voto en todas sus instancias. Marruecos abandonó la organización durante más de 30 años y solo regresó en 2017, aceptando de facto a la RASD como estado soberano. La contradicción es patente: África reconoce plenamente a la RASD, mientras la ONU la mantiene fuera por intereses geopolíticos.
Aceptar a la RASD en Naciones Unidas no sería un acto de generosidad, sino de coherencia con el derecho internacional. Todos los criterios de admisión están cumplidos. La exclusión no se debe a falta de legitimidad, sino al veto político de potencias que prefieren proteger a Marruecos como aliado estratégico y como pieza de control regional. Francia ha utilizado sistemáticamente su poder de veto en el Consejo de Seguridad para blindar la ocupación marroquí, bloqueando cualquier resolución que pueda traducirse en avances hacia el referéndum. Estados Unidos, interesado en mantener a Rabat como socio militar y en asegurar el acceso a recursos estratégicos, también ha respaldado la ocupación. España, potencia administradora de iure, mantiene una posición cobarde, incapaz de asumir su responsabilidad histórica. El resultado es un limbo jurídico en el que se proclaman principios solemnes en Nueva York, mientras se violan cotidianamente en El Aaiún, Dajla y Smara ocupadas.
La Asamblea General de la ONU es el gran escaparate del multilateralismo. Este septiembre, más de 190 jefes de Estado y de Gobierno se darán cita en Nueva York para pronunciar discursos sobre paz, derechos humanos y justicia internacional. Pero una vez más, la bandera saharaui no estará presente. El contraste es doloroso: se admiten sin problemas estados diminutos, se multiplican los llamamientos a la descolonización en otros escenarios, se condena la ocupación militar en Ucrania o Palestina, pero se guarda silencio ante una ocupación que dura desde 1975 en el Sáhara Occidental. La gran ausente en esta 80ª Asamblea General será la República Saharaui. Su ausencia no es un accidente, sino la prueba de un sistema internacional que sacrifica principios en nombre de intereses estratégicos.
El caso saharaui revela la verdadera naturaleza de las Naciones Unidas, donde los vetos franceses y estadounidenses impiden que la RASD ocupe el lugar que le corresponde. Frente a ello, la respuesta es clara: el Sáhara Occidental cumple todas las condiciones para ser miembro de Naciones Unidas. Tiene territorio, población, instituciones, reconocimiento internacional y voluntad de paz. Lo que lo excluye es la hipocresía del sistema internacional.
La República Árabe Saharaui Democrática es la gran ausente de la 80ª Asamblea General de la ONU. Su exclusión no se debe a falta de legitimidad, sino al bloqueo político de quienes sostienen la ocupación marroquí. La RASD existe, gobierna, representa y resiste. Ha construido un estado viable, reconocido en África y respaldado por decenas de países. Negarle un asiento en Naciones Unidas es traicionar la letra y el espíritu de la descolonización. Es perpetuar un doble rasero que erosiona la credibilidad del multilateralismo. Mientras no se reconozca plenamente a la República Saharaui, la Asamblea General seguirá siendo un escenario de discursos grandilocuentes manchados por una ausencia clamorosa.
El Sáhara Occidental no está en venta ni puede ser canjeado. Su pueblo tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Y tarde o temprano, su bandera ondeará en Nueva York, junto a las demás naciones libres del mundo.
Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental