El Sáhara Occidental, en el mundo de Trump

El 10 de diciembre de 2020, Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental como parte del acuerdo de normalización entre Rabat e Israel. Con ese gesto rompió un consenso internacional que se mantenía desde hacía décadas sobre un territorio pendiente de descolonización. La decisión no fue revertida por la Administración Biden y hoy, con Trump de nuevo en el centro del escenario internacional, aquel precedente cobra todo su significado.

El regreso de Trump no es solo un cambio político en Estados Unidos. Es la confirmación de una forma de entender el mundo: cuando el derecho internacional entra en conflicto con intereses estratégicos, se ignora. Las normas siguen existiendo, pero dejan de tener efectos reales. Se citan, pero no se aplican. El Sáhara Occidental encaja perfectamente en ese esquema.

Durante años se ha descrito el Sáhara Occidental como un conflicto “complejo” o “enquistado”. Esa forma de hablar ha servido para aplazar decisiones y diluir responsabilidades. Hoy ya no es válida. Lo que ocurre en el Sáhara Occidental no es un problema técnico ni histórico, sino una elección política sostenida en el tiempo: no hacer cumplir el derecho internacional cuando resulta incómodo.

Trump no inventó esta lógica, pero la hizo explícita. Su política exterior parte de una idea simple: el mundo se rige por relaciones de fuerza. Los aliados estratégicos reciben respaldo, incluso cuando incumplen la ley. Los territorios sin poder propio quedan expuestos. En ese reparto, el Sáhara Occidental no es una excepción, sino un caso de manual.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. El pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Ningún Estado ni ninguna organización internacional reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Así lo estableció la Corte Internacional de Justicia en 1975 y lo han confirmado repetidamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nada de esto ha cambiado. Lo que ha cambiado es la voluntad política de hacerlo valer.

Hoy no se trata de derogar el derecho internacional, sino de vaciarlo de contenido. La ocupación marroquí del Sáhara Occidental no se corrige ni se sanciona. Se tolera. Se gestiona. Se presenta como una realidad incómoda, pero asumida. Y con el tiempo, ese silencio diplomático acaba funcionando como una forma de legitimación de facto.

Las consecuencias de esta inacción no son abstractas. Tienen nombres y efectos muy concretos. Mientras el conflicto se administra, decenas de presos políticos saharauis siguen encarcelados tras juicios sin garantías. La represión contra activistas, estudiantes y periodistas es constante. Los recursos naturales del territorio –fosfatos, pesca, energías– se explotan sin el consentimiento de su pueblo. Todo ello ocurre a la vista de la comunidad internacional, pero sin una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.

La resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2025, es un buen ejemplo. Jurídicamente no introduce ningún cambio sustancial, pero Marruecos y algunos de sus aliados la han presentado como un respaldo político. No por lo que dice el texto, sino por lo que calla. En el contexto actual, la ambigüedad es suficiente: el mensaje implícito es que no habrá consecuencias.

Lo mismo ocurre con el llamado “plan de autonomía” marroquí, anunciado desde hace años sin llegar nunca a concretarse. No es un problema técnico. Es una imposibilidad política. Una autonomía real exigiría reconocer al pueblo saharaui como sujeto político y aceptar garantías democráticas incompatibles con el propio sistema del Majzén. Pero mantener esa promesa vacía permite desplazar el debate: se deja de hablar de autodeterminación y se habla de gestión.

En este contexto, la responsabilidad europea resulta especialmente grave. España ocupa un lugar central. Como antigua potencia colonial y autoridad administradora de iure, mantiene obligaciones claras. Sin embargo, el cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental no fue fruto de un debate público ni de una revisión legal, sino de una decisión política adoptada al margen del Parlamento y del derecho internacional.

Ese giro no solo afecta a la política exterior. Afecta a la credibilidad democrática del propio Estado. Transmite la idea de que los compromisos legales pueden abandonarse sin explicación ni rendición de cuentas. Y refuerza la percepción de que el derecho internacional es negociable cuando entran en juego intereses estratégicos, migratorios o de seguridad.

La Unión Europea tampoco queda al margen. Mientras su Tribunal de Justicia dicta sentencias claras que prohíben explotar los recursos del Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, las instituciones comunitarias buscan fórmulas para esquivarlas. Esta contradicción prolonga una situación ilegal y erosiona la credibilidad del propio proyecto europeo.

Mientras tanto, sobre el terreno, la realidad es mucho más directa. La represión continúa. Activistas, estudiantes y periodistas saharauis sufren detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y torturas documentadas. De todo ello se habla poco. No porque no ocurra, sino porque no conviene.

El Sáhara Occidental no es un problema del pasado. Es un reflejo del presente. Si el derecho a la autodeterminación puede quedar en suspenso sin consecuencias, el problema ya no es solo el Sáhara. Es el tipo de mundo que se está construyendo. Trump no es el único responsable, pero sí su expresión más descarnada. Un mundo donde el derecho se convierte en un adorno y la fuerza recupera su centralidad. En ese mundo, el Sáhara Occidental deja de ser solo una cuestión pendiente y se convierte en una advertencia.

Cuando el silencio se convierte en política, la injusticia deja de ser una excepción. Y cuando eso ocurre, ningún conflicto puede considerarse ajeno.

Plataforma ‘No te olvides del Sáhara Occidental’