Estos días el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está en las conversaciones de la gente trabajadora. El debate está en los centros de trabajo y en la calle y no es un debate menor. Estamos hablando de una herramienta clave para combatir la precariedad, mejorar las condiciones de vida de miles de personas trabajadoras y reducir las desigualdades crecientes. Por eso, creo que conviene aclarar ciertos aspectos frente al ruido que genera quien nos señala como culpables de no querer mejorar los salarios de nuestra gente, de nuestra tierra.
El SMI lo regula el Gobierno del Estado, que lo fija anualmente conforme al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, consultándolo previamente con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CCOO y UGT), en el ámbito del Diálogo Social estatal.
Gracias a la presión de CCOO, la organización social más grande del país, el SMI ha subido recientemente hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un avance histórico. Si miramos atrás, en 2018 el salario mínimo era de 736 euros. Es un incremento del 66%; esto son cifras, son hechos. Es el resultado de negociación, presión sindical, movilización sostenida en el tiempo y acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Ese es el camino que ha demostrado ser útil para mejorar la vida de la gente trabajadora.
Cuando sube el SMI, no solo sube la última cifra de una tabla salarial: sube el suelo de dignidad de toda la clase trabajadora. En Navarra, el salario mínimo afecta aproximadamente al 4,5% de las personas trabajadoras. El incremento beneficia especialmente a quienes sufren más precariedad: mujeres, jóvenes, personas migrantes y quienes trabajan en sectores como los cuidados, el comercio o la limpieza. Son empleos imprescindibles para que la sociedad funcione, pero que históricamente han estado peor pagados. Subir el SMI es una forma de reconocer ese trabajo y de corregir las desigualdades crecientes que se dan en nuestro mercado laboral. Fija el mínimo que se puede pagar a una persona por su tiempo de trabajo, protege frente a los abusos empresariales y refuerza la negociación colectiva, empujando al alza todos los salarios.
Estamos en la antesala de una huelga general convocada por varios sindicatos nacionalistas para el 17 de marzo en Navarra (y Euskadi), con el objetivo de reivindicar un SMI propio de 1.500 euros. Esto es, sencillamente, un brindis al sol porque no es posible.
Hoy, Navarra no tiene competencias para fijar un salario mínimo propio. Para que eso fuera posible habría que modificar el marco legal estatal y lograr una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con la actual correlación de fuerzas políticas, esa vía no parece viable.
Pero además existen riesgos más que evidentes de explorar este camino. Se podría debilitar el propio salario mínimo estatal y romper el suelo común que protege a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país.
Cuando se fragmentan los mínimos laborales, la experiencia demuestra que muchas veces se abre la puerta a dinámicas de competencia entre territorios. Y esa competencia, demasiadas veces, termina siendo a la baja. La patronal encuentra entonces un terreno perfecto para presionar salarios y condiciones. Y si algo nos ha enseñado la historia del movimiento obrero es que los avances siempre han llegado de la mano de una clase trabajadora unida, porque precisamente esa es nuestra mayor fuerza.
Y que nadie me malinterprete. Eso no significa renunciar a mejorar salarios en Navarra. La cuestión es cómo hacerlo de forma eficaz y realista.
Aquí no tenemos competencias legales para fijar un SMI propio pero sí tenemos capacidad para presionar, movilizar y acordar en el ámbito de la negociación colectiva. Debemos aprovechar que en Navarra más del 95% de las personas trabajadoras están cubiertas por un convenio colectivo. Es ahí donde se negocian salarios reales, donde se puede presionar sector a sector, empresa a empresa, y donde se pueden alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras.
Por eso desde CCOO defendemos una estrategia clara: mantener un SMI estatal fuerte como suelo común y, al mismo tiempo, impulsar en Navarra un salario mínimo de convenio de 1.500 euros mensuales. Para lograrlo, utilizaremos las herramientas que tenemos a nuestro alcance: negociar con la patronal en el seno del acuerdo intersectorial, y negociar convenios sectoriales, convenios de empresa y pactos de empresa.
La negociación, la presión sindical y la movilización son partes del mismo proceso. Pero movilizar también exige responsabilidad. No se trata solo de lanzar consignas; se trata de conquistar derechos, de conseguir mejoras reales.
CCOO defiende certezas salariales, no promesas condicionadas a decisiones de terceros o a la aritmética parlamentaria. La Carta Social Europea establece que el salario mínimo debe situarse entre el 50 y el 60% del salario medio. Esta referencia guía nuestra reivindicación permanente: garantizar que las personas que perciben el SMI se sitúen dentro de los estándares europeos de suficiencia salarial.
Subir salarios y reducir la precariedad es una prioridad para CCOO. Pero para lograrlo necesitamos herramientas que funcionen. El SMI estatal ha demostrado ser una de ellas y un salario mínimo de convenio en el marco de la negociación colectiva en Navarra es la otra palanca para seguir avanzando. Porque el objetivo no es generar ruido o tener el mejor titular. El objetivo es que la gente cobre más a final de mes.
El autor es secretario general de CCOO en Navarra
