Los técnicos poseen conocimiento y experiencia basada en el estudio, análisis de los datos, capacidad de escucha y diagnóstico de la evidencia; los políticos hablan y hablan por pura intuición tomando decisiones acorde al intercambio de cromos entre diferentes fuerzas políticas. La toma de decisiones es lenta, pausada, a ritmo de jubilado, excepto en momentos preelectorales en que todo es urgente. Los arrebatos existen y se caracterizan por copiar un poco de cada uno de los partidos políticos con cierta influencia en el poder. Es una postura muy democrática, de equilibrio entre diferentes fuerzas, pero ello está alejado de la racionalidad, asumiendo que verdad hay una: al menos una prepondera sobre el resto, en una asociación multicausal.
La vivienda no supone una excepción al respecto, con dos características esenciales. Primero, los datos del CIS la sitúan como el principal problema de los españoles para el 23,8% de la población; otros (Ipsos) la cualifican entre los principales problemas en España, sin especificar la cuantía de la misma. Una importante mayoría social piensa que, aun siendo muy relevante, no es tanto como para cuantificarla como principal problema. En segundo lugar, al igual que otros sistemas, en la vivienda se concentra una multiplicidad de normativa en diferente ámbito decisorio y consiguiente responsabilidad, municipal, autonómica y estatal, lo cual complejiza el diagnostico (ejemplo: variabilidad en la definición de gran tenedor, variabilidad en viviendas de protección pública) y dificulta el tratamiento; si ello se convierte en un campo de batalla político, la irresolubilidad está servida.
Y todo bajo el paraguas protector de considerar la vivienda un derecho con un fuerte ingrediente social, que implica satisfacer la necesidad habitacional de las personas necesitadas y compaginarlo con el interés individual del propietario.
Comprar/alquilar una vivienda se ha convertido en un lujo de clase social en España (y en países europeos). El precio alcanzado, acorde a los sueldos, hace imposible comprar/alquilar, especialmente entre menores de 40 años y, en consecuencia, destruye las expectativas y espíritu de vida ansiado. A pesar de ello, se compran incluso sin ver (señalan las agencias) por fondos de inversión y, mayoritariamente, por particulares: compran los jóvenes y pagan quienes tienen dinero, sus padres jubilados. Está habiendo una gran transferencia basada en la solidaridad intergeneracional y en ello se basa la política del bienestar que para los jóvenes (parece ser que votan menos) se basa en el bono cultural y en el Interrail y no en la visualización de oportunidades.
Asumiendo que hay un problema importante sobre el precio de la vivienda, en momentos de campaña electoral se realizan declaraciones políticas que intentan estimular y optimizar las expectativas de los compradores sin ofender a los vendedores. Pero el diagnóstico es definitorio: se necesitan de media 38 años de trabajo para conseguir una vivienda, dedicando un 30% de salario. En el caso del País Vasco se requiere 57 años y San Sebastián ocupa una posición de honor en el podio de los precios. Más que de áreas tensionadas se necesita hablar de ciudades tensionadas.
Si los precios de compra son pecaminosos, los precios de alquiler son prohibitivos.
Los políticos, en momentos de campaña electoral, señalan que el problema del precio se solventa aumentado la oferta y confiar que el mercado regularice y normalice el intríngulis; les ayudan en esta tarea las instituciones. Se publica la necesidad de construir 250.000 viviendas/año (CSCAE) y el Gobierno anuncia la construcción de decenas de miles de viviendas públicas o asequibles. Incluso se publica la necesidad de construir 1,5 millones de viviendas para alquiler social (Informe Anual 2023 Banco de España). Surge la duda de si es exclusivamente una declaración de intenciones o, además, hace sospechar la existencia de un contubernio entre la política y las constructoras promotoras inmobiliarias, dados los datos disponibles. Y estos datos señalan para el periodo 2001/2024 en España había 1 vivienda por cada 1,9/1,8 habitantes respectivamente, hay alrededor de tres millones de casas vacías y otros tres millones de segundas residencias (Consejo Superior de Estadística del INE). Para Navarra (Nastat) en el mismo periodo son 2,1/2,8 respectivamente. El supuesto de que si aumenta la oferta, los precios bajan, se contradice con la realidad; las capitales donde ha disminuido la población, los precios más han aumentado (Banco de España). Alguien debiera explicar de manera racional esta anomalía.
Algunos datos minusvalorados en buscar alternativas solucionales a la situación del mercado: los compradores extranjeros representan el 25% del total, el precio ha aumentado el 11% en 1 año (Portal Estadístico del Notariado) y los compradores menores de 30 años se han reducido el 50%
La construcción está en descenso, tanto la privada como la pública de protección y algo debería decir y hacer la clase política
La Administración, en todos los ámbitos pero especialmente la estatal, ha tenido éxito en estigmatizar la figura del casero, incluso en definirlo de sanguijuela avariciosa. Los datos señalan que cifras inferiores de viviendas en alquiler está en manos de grades tenedores (Caixabank y Blackstone); los principales caseros, por encima del 90%, son familias particulares Siempre hay una oveja negra a quien responsabilizar: en vísperas de la crisis financiera fue el dinero negro, en la actualidad son el precio del suelo y los fondos inmobiliarios extranjeros (buitres), que en realidad son los marginales de la diáspora
La clase política ha tenido éxito a la hora de enfrentar a propietarios de clase media y vendedores/inquilinos. La vivienda siempre ha supuesto un enriquecimiento insolidario de las diferentes Administraciones y no debería delegar su responsabilidad manifiesta en nadie que no sea ella misma.
Se han instaurado medidas de muy dudosa eficacia tanto desde losa gobiernos como de respuesta de los propietarios a las resoluciones administrativas. Así, se contempla eliminar las rebajas fiscales de los impatriados, casi exclusiva para futbolistas (Ley Beckham), eliminación de la Golden Visa como medio para obtener la nacionalidad, alquilar viviendas por habitaciones claustrofóbicas, alquiler turístico de temporada (el precio se fija libremente), limitar la compra especulativa de vivienda excepto a pequeños propietarios, seguros de impago que repercute inexorablemente en los inquilinos, regularización del decreto antideshaucios (en proyecto).
El reto es evaluar si las medidas por implementar permiten abandonar aquellas que demuestran ser ineficaces e incluso con efectos perversos importantes.
Parte de responsabilidad es del mercado, pero la clase política está saliendo ilesa de estas medidas de parcheo.
Y lo estamos normalizando: la desproporción entre precio de la vivienda y salario mensual, la colonización del centro de las grandes ciudades expulsando y empobreciendo a otros trabajadores, el pesimismo y desesperanza ante las pobres expectativas de futuro y el desequilibrio del tejido sociofamiliar.
Las secuelas ideológicas de ello ya se visualizan.