¿A quién incomoda la autoridad femenina?

En las últimas semanas hemos leído distintos artículos y posicionamientos en torno al concurso para la intervención en el entorno del Monumento a los Caídos en Pamplona. Más allá del debate concreto sobre el proyecto, conviene detenerse en el marco que se está construyendo alrededor de él, porque cuando se cuestiona la composición de un jurado no solo se debate sobre arquitectura; se debate sobre legitimidad.

Se ha deslizado que determinadas profesionales, por ocupar cargos de libre designación, no podrían ejercer un criterio técnico autónomo. Formulado en términos administrativos, el argumento parece aséptico. Pero cabe preguntarse ¿desde cuándo la responsabilidad pública invalida la solvencia profesional? ¿en qué momento la designación institucional anula la trayectoria académica, la experiencia acumulada o la capacidad de análisis?

Conviene recordar algo elemental y es que hacer arquitectura es hacer ciudad. Y hacer ciudad es, inevitablemente, hacer política en el sentido más profundo del término. Cada intervención urbana implica una visión sobre memoria, convivencia, futuro y modelo de ciudad. La neutralidad absoluta en urbanismo no existe; lo que existe es rigor técnico para sostener decisiones complejas.

En ese contexto, defender la profesionalidad de la gerente de Urbanismo y de la directora de Proyectos no es una cuestión de afinidad personal, sino de justicia intelectual.

La gestión urbana contemporánea exige pensamiento estructural, capacidad de negociación, lectura estratégica y solvencia argumental. Estas cualidades se reconocen cuando se manifiestan de forma consistente. Se observan en cómo se descomponen problemas complejos, en la precisión de los informes, en la coherencia entre diagnóstico y propuesta, en la firmeza para defender el interés general incluso cuando genera fricciones.

La pregunta inevitable es otra: ¿el nivel de sospecha sería el mismo si estuviéramos hablando de un varón de edad avanzada, encuadrado en el imaginario tradicional del poder técnico municipal? ¿O seguimos asociando, de forma más o menos inconsciente, autoridad técnica con determinados perfiles históricos que apenas se cuestionan?

La discrepancia política es legítima y la crítica a decisiones concretas forma parte de cualquier democracia madura. Pero desacreditar la capacidad profesional bajo la insinuación de falta de independencia no eleva el debate urbano; lo empobrece.

Quizá el verdadero debate no sea la composición de un jurado. Quizá el debate sea por qué, todavía hoy, la autoridad femenina en el ámbito técnico necesita ser defendida. La ciudad que queremos construir exige inteligencia, ética pública y capacidad. Y cuando esas capacidades están presentes, el género no debería ser el elemento que active la sospecha.

Esta reflexión trasciende nombres propios. Se extiende a tantas mujeres que trabajan cada día en la Administración pública con rigor, responsabilidad y compromiso silencioso. Mujeres técnicas, juristas, ingenieras, arquitectas, administrativas, trabajadoras sociales, economistas que sostienen estructuras complejas con profesionalidad y vocación de servicio público.

Quizá el mejor gesto no sea únicamente reivindicar, sino también reconocer. Reconocer el talento cuando lo tenemos delante. Defender la legitimidad técnica sin prejuicios. Y afirmar, con serenidad, que la ciudad que queremos construir necesita todas las capacidades también, y en especial, las de tantas mujeres que hoy la piensan, la gestionan y la hacen posible.

La autora es directora de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona