El Sáhara Occidental vuelve estos días a la agenda internacional con la próxima reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Minurso prevista para el 24 de abril, en el marco de un calendario que culminará el día 30 con la revisión estratégica de la Minurso. Pero, más allá de la cita diplomática, la sensación es conocida: el proceso sigue activo… pero bloqueado en lo esencial. No es una contradicción menor. Es, en realidad, la esencia del problema.

Durante décadas, el conflicto se ha gestionado dentro de un marco aparentemente estable: reuniones periódicas, resoluciones cuidadosamente redactadas y un lenguaje que apela a una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable”. Sin embargo, ese equilibrio formal ha terminado convirtiéndose en una forma de bloqueo. La reunión de abril no apunta a ser una excepción. Lo llamativo es que esta parálisis no responde a la falta de base jurídica. Al contrario.

El Sáhara Occidental sigue siendo, para Naciones Unidas, un territorio pendiente de descolonización. El principio de autodeterminación del pueblo saharaui no está en discusión en el plano legal. Ha sido reafirmado en múltiples ocasiones y constituye uno de los marcos más claros del derecho internacional contemporáneo. Y, sin embargo, no se aplica.

Esta distancia entre el derecho y la realidad es lo que convierte al Sáhara Occidental en un caso paradigmático. No es un conflicto sin reglas, sino un conflicto en el que las reglas existen, pero no se ejecutan. El bloqueo se sitúa, por tanto, en el terreno político.

Marruecos mantiene su propuesta de autonomía como única salida posible, mientras que el Frente Polisario insiste en que cualquier solución debe incluir el derecho a la autodeterminación, incluida la independencia. No se trata de posiciones compatibles ni de un desacuerdo menor: es una divergencia estructural que impide cualquier avance real.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad ha optado por una fórmula de gestión que evita la confrontación directa. Pero esa prudencia –o esa falta de decisión– tiene consecuencias. Mantiene el proceso abierto, sí, pero también lo mantiene inmóvil. Mientras tanto, la realidad sobre el terreno sigue su curso.

Desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, el conflicto ha retomado una dinámica militar de baja intensidad. Los enfrentamientos a lo largo del muro que divide el territorio forman parte de una guerra que existe, pero que apenas se ve. La ausencia de observadores independientes y las restricciones de acceso contribuyen a esa invisibilidad. Se habla de proceso político, pero hay una guerra en curso.

A este escenario se suman los intereses internacionales. El Sáhara Occidental no es solo una cuestión jurídica, sino también geopolítica. Las relaciones estratégicas, los equilibrios regionales y los intereses económicos influyen directamente en la falta de presión efectiva para desbloquear el conflicto. España no es ajena a esta realidad. Al contrario, ocupa una posición singular.

Como antigua potencia administradora, su responsabilidad jurídica sigue siendo un elemento central del debate. Sin embargo, las decisiones políticas adoptadas en los últimos años han reforzado la percepción de alejamiento respecto a ese marco. El respaldo al plan de autonomía marroquí en 2022 marcó un punto de inflexión que sigue condicionando su papel.

A ello se añaden cuestiones actuales que evidencian la falta de un enfoque coherente. La reciente regularización extraordinaria de migrantes, que excluye a los saharauis en situación de apatridia, vuelve a poner de manifiesto un vacío jurídico difícil de justificar en el caso de un territorio cuya descolonización sigue pendiente. No es un detalle menor. Es un síntoma.

Frente a esta dinámica institucional, la sociedad civil mantiene una línea de continuidad que contrasta con la volatilidad política. Programas como Vacaciones en Paz no solo responden a una lógica humanitaria, sino que reflejan un compromiso sostenido que ha sobrevivido a cambios de gobierno y de contexto. Ese vínculo no resuelve el conflicto, pero impide que desaparezca del todo.

Todo ello ocurre, además, en el año en que se conmemora el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Medio siglo después, la efeméride no puede interpretarse únicamente como un recordatorio histórico. Es, sobre todo, una constatación. Cincuenta años después, las bases del conflicto siguen intactas.

El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización. El derecho internacional sigue reconociendo la autodeterminación del pueblo saharaui. Y el proceso político sigue sin ofrecer una salida. No es que falten soluciones. Es que no se aplican.

Y mientras esa contradicción se mantenga, el conflicto seguirá atrapado en ese espacio incómodo donde todo está definido… salvo su resolución.

Plataforma ‘No te olvides del Sáhara Occidental’