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50 aniversario de un crimen de Estado: Montejurra 76

50 aniversario de un crimen de Estado: Montejurra 76Archivo

Este año, el 9 de mayo, se cumplirá medio siglo de unos luctuosos sucesos acaecidos durante el primer gobierno de la monarquía que dejó instaurada el general Franco para después de su muerte.

Se trata de los crímenes de Montejurra, acaecidos en un lugar emblemático para los carlistas, donde el año 1976 un numeroso grupo de mercenarios de la extrema derecha internacional intentó acabar con un movimiento centenario –el carlismo– que se había convertido en una pesadilla para el régimen franquista primero, y para la monarquía de Juan Carlos después. Allí, en Montejurra, los terroristas asesinaron a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero, e hirieron a más de 30 personas.

Y es que el carlismo mayoritario, seguidor de don Javier de Borbón Parma y de su hijo Carlos Hugo, no sólo representaba una alternativa a la monarquía franquista, sino que, desde que el dictador se hizo con el poder, mantuvo un pulso con el régimen y una oposición al mismo que le costó la persecución entre 1936 y 1982, a base de censuras, expulsiones, detenciones, torturas, encarcelamientos, consejos de guerra y muertes, según quedó demostrado en mis investigaciones, fruto de las cuales se publicaron dos libros: La rebeldía carlista… y Una represión olvidada…

Si bien en los años de la posguerra la oposición carlista a la dictadura fue desde posiciones tradicionalistas, a partir de los años sesenta, y por causa de una evolución política e ideológica, el Partido Carlista se situó en la izquierda defendiendo una alternativa socialista autogestionaria, formando parte de todos los organismos unitarios de oposición democrática que intentaban acabar con la dictadura e impedir la instauración de la monarquía de Franco.

En este contexto, los multitudinarios actos anuales de Montejurra se habían convertido en un altavoz opositor al que también acudían invitadas organizaciones y grupos que luchaban tanto por la democracia como por una revolución social pacífica.

El régimen no podía tolerar que una organización popular y de masas como era el carlismo –que había hecho la guerra en el bando nacional–, se opusiera de manera ostentosa al sistema filofascista de FET y de las JONS, ni al posterior sistema filoliberal de los tecnócratas del Opus.

Por eso, desde las cloacas del Estado, con implicación del rey Juan Carlos, Suárez, Fraga, etcétera, se orquestó la llamada Operación Reconquista, con el fin de intentar convertir Montejurra en un acto domesticado. Y para ello se contó, protegidos por la Guardia Civil y la Policía Armada, con los pistoleros mercenarios neofascistas –cuyas habitaciones en un hotel de Ayegui, cercano a Montejurra, fueron reservadas por el Gobierno Civil–. Pero a la vez, para que no pareciera una agresión, se intentó implicar a organizaciones ultras españolas como la UNE o tradicionalistas nostálgicos –pasados al franco-juancarlismo– que, supuestamente, deberían acudir en masa a suplantar al carlismo izquierdista, para lo cual desde el Gobierno se facilitó el material, la logística, los autobuses y las dietas, aunque, según un informe confidencial de la Guardia Civil, no pudieron movilizar más que a 600 personas frente a los 6.000 carlistas que acudieron.

Cuando el juzgado de Estella se hizo cargo de aquellos sucesos, no hizo más que poner palos en las ruedas a los abogados de las víctimas, impidiendo una imparcial investigación, pero, además, tras los crímenes, el gobierno de Suárez difundió la idea de un enfrentamiento entre facciones del carlismo; idea que luego arrastró la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1978, así como el Ministerio del Interior en 2001, –asumida igualmente el 2003 por una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que, finalmente, tras 27 años de lucha de los abogados carlistas, tuvo que reconocer a Aniano y Ricardo como víctimas del terrorismo con todas sus consecuencias–.

Así pues, lo que fue una agresión de la internacional fascista –alentada y sufragada por las cloacas del Estado español–, se ha venido presentando como una confrontación. Un falso y malévolo argumento que algunos comunicadores, bien sea por estar pagados con fondos de reptiles, bien por ignorancia o bien por mala fe, todavía mantienen a día de hoy esta absurda teoría del enfrentamiento.

Y para demostrar que fue una agresión y no una confrontación, he podido ver recientemente lo que se ha publicado en un dossier de documentos confidenciales facilitados por el hijo del que fuera gobernador de Navarra en 1976 –José Luis Ruiz de Gordoa, a las órdenes de Fraga–, testigo de algunas reuniones de su padre, quien, ante las puestas de la muerte y para tener la conciencia tranquila, facilitó aquellos documentos en 2023, y una carta manuscrita que vio la luz tras su muerte, en abril de 2025. Con dichos documentos se ha ampliado en su tercera edición el llamado Libro negro, o Informe Montejurra 76, que lleva por subtítulo: El crimen de Estado que confirmaron los documentos secretos revelados el año 2023.

El autor es doctor en Historia