A las 6.30 de la mañana del lunes 13, con apenas seis grados y bajo la lluvia persistente de abril, más de sesenta personas fueron expulsadas del único refugio que les protegía del frío. No se trataba de una intervención de emergencia para salvaguardar su bienestar, como se ha afirmado públicamente, sino de un desalojo ejecutado por el Ayuntamiento de Iruñea bajo responsabilidad política directa de sus áreas de urbanismo y acción social, al mando de Bildu y Contigo-Zurekin, respectivamente.
Lo ocurrido en la vuelta de Aranzadi no es un simple episodio administrativo: es el reflejo de una política que ha perdido el pulso humano. ¿De qué sirve ostentar el poder si se ejerce reproduciendo las mismas lógicas de esa derecha que dicen querer combatir?
Durante al menos tres años, el antiguo convento de las Agustinas de San Pedro, de titularidad municipal y en estado de abandono, ha sido el hogar de facto de centenares de personas en situación de sinhogarismo. Allí desarrollaban su vida, guardaban sus pertenencias y conservaban documentación esencial para sus procesos de regularización. Era, en términos materiales y constitucionales, su morada.
El desalojo se ejecutó a primera hora, en condiciones climáticas adversas y, según relatan las personas afectadas, sin una información clara ni adaptada a la situación de vulnerabilidad y barreras idiomáticas existentes. Algunas entendieron que se trataba de una actuación temporal; otras ni siquiera se encontraban en el lugar. La mayoría no pudo recoger sus pertenencias: enseres básicos, tarjetas telefónicas o sus documentos identificativos, esenciales para llevar a cabo el procedimiento de regularización recién iniciado.
Yo misma fui testigo de cómo, ya por la tarde, con la zona en calma, se impedía a un joven recoger sus mantas. “Por favor, están ahí mismo”, repetía desde el otro lado de la valla. La respuesta fue que se limitaban a cumplir órdenes, “vuelva usted a llamar mañana”, sin que a día de hoy se les haya habilitado aún una solución a ésta cuestión.
La gravedad de este macro desalojo es, fundamentalmente, de carácter social, ético y humano; pero también jurídico. En este sentido, las posibles implicaciones legales que lo rodean son ciertamente inquietantes: Desahuciar “de oficio”, según declaraciones del concejal de Urbanismo, y por lo tanto sin aparente autorización judicial, un espacio que constituye la morada o lugar donde quienes la habitan desarrollan su vida más íntima, implica una flagrante vulneración de derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva y el de la inviolabilidad del domicilio, que según amplia doctrina del Tribunal Constitucional, no está exclusivamente ligado al derecho de propiedad.
No olvidemos que, aunque se haya asumido con absoluta pasividad que tras el calor que atraviesan los muros de nuestros hogares haya personas viviendo en la calle, éstas también tienen derechos y dignidad que no sólo ha de ser respetada, sino que es la que debe ordenar todas y cada una de sus actuaciones y decisiones políticas.
Las personas desalojadas no son cifras ni expedientes, sino seres humanos que sobreviven entre el frío, la exclusión y la incertidumbre, luchando por empadronarse como vía de acceso a derechos básicos, mientras las autoridades les cierran sus puertas una y otra vez: tras años de denegar cientos de solicitudes, ahora se les arrebata incluso su precario refugio, cuatro paredes sucias y hasta su documentación.
¿Puede existir mayor crueldad institucional? ¿Cómo aceptar que ésta se lleve a cabo, precisamente, bajo un ayuntamiento que se reivindica como progresista, pero que cede el espacio público a una empresa privada, el Grupo Vitalia, para un proyecto aún sin licencia, reforzando un modelo que prioriza intereses privados sobre la dignidad y los derechos de las personas?
La política social no puede consistir en desplazar la pobreza fuera de la vista. El interés público exige garantizar derechos y dignidad. Eso implica regularizar a todas las personas desalojadas y habilitar de forma urgente recursos de alojamiento, alimentación e higiene. Además, es imprescindible intervenir el mercado de la vivienda para garantizar el acceso efectivo a un hogar digno y derogar las leyes de extranjería que condenan a miles de personas a la irregularidad.
Lo ocurrido en Aranzadi no puede normalizarse. Exige responsabilidades políticas, explicaciones públicas y un cambio inmediato de rumbo.
Por eso, hoy sábado 18 de abril a las 12.00, os esperamos a todas y todos en la plaza Recoletas de Iruñea.
Porque mientras unos duermen tranquilos, otros no pueden hacerlo. Y mientras haya quienes pernocten en la calle, no les dejaremos dormir.
La autora es militante de Antikapitalistak
