Siniestralidad laboral: trabajar no puede costar la vida

Cada 28 de abril volvemos a mirar de frente una realidad que Navarra no puede seguir tolerando: la siniestralidad laboral sigue matando. El año pasado, 14 personas trabajadoras perdieron la vida en nuestra comunidad. En lo que llevamos de 2026, al menos ya son tres las víctimas: familias destrozadas y vidas que no volverán. Y mientras tanto, se siguen tratando estas tragedias como si fueran un daño colateral inevitable del empleo. No lo son.

La siniestralidad laboral es uno de los problemas más graves que afronta Navarra. Cada día, en España, tres trabajadores o trabajadoras no regresan a casa. Tres. No hablamos de estadísticas. Hablamos de personas que sostenían con su esfuerzo la economía de este país mientras encadenaban contratos precarios, ritmos imposibles y medidas de prevención insuficientes o directamente inexistentes. Hablamos de vidas arrebatadas por un sistema que todavía permite que la seguridad dependa más de la buena voluntad empresarial que dé garantías reales.

Las empresas tienen una responsabilidad ineludible: mejorar las condiciones de trabajo, reducir jornadas interminables, limitar las horas extraordinarias y garantizar salarios dignos. Todo esto forma parte de la prevención. Y cuando falla, las consecuencias son irreparables. Más de 700 personas mueren cada año en España por accidentes laborales. ¿De verdad podemos seguir llamando a esto accidentes? Lo que falla no es la suerte: es el sistema.

Por eso es urgente actualizar la normativa y reforzar la Inspección de Trabajo. Sin control, sin recursos y sin sanciones ejemplares, la prevención se convierte en un eslogan vacío. Desde UGT lo decimos con claridad: la salud no se negocia. No puede estar subordinada a beneficios ni a lógicas de mercado. La vida de las personas trabajadoras no puede depender del margen empresarial.

Nuestro sistema preventivo necesita una reforma profunda. No sirven los parches. Necesitamos una ley que incorpore perspectiva de género y de edad, que responda a los riesgos de la digitalización, la transición climática y el envejecimiento de la población trabajadora. La digitalización, lejos de ser solo una oportunidad, está generando nuevas formas de presión, ritmos más intensos y un aumento alarmante de las bajas por motivos de salud mental. Muchas de estas patologías tienen un origen laboral que debe ser reconocido y abordado.

En este contexto, el acuerdo firmado hace unos meses entre UGT, CCOO y el Gobierno central para modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un paso imprescindible. Treinta años después de su aprobación, la ley ya no protege frente a los riesgos del siglo XXI. Ahora corresponde a las fuerzas políticas del Congreso actuar con responsabilidad y sacar adelante esta reforma. La CEOE decidió abandonar la Mesa de Diálogo Social tras año y medio de negociaciones y no suscribió el acuerdo. Esa renuncia no puede frenar un avance que es de justicia.

Este 28 de abril no basta con recordar a las víctimas. No basta con discursos. Navarra necesita un compromiso firme y real para acabar con esta lacra. La seguridad y la salud en el trabajo no son un privilegio. Son un derecho. Y trabajar no puede costar la vida.

La autora es secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra