En 2006, la comunidad internacional dio un paso histórico con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por primera vez, se reconocía de manera explícita que las personas con discapacidad no son personas sujetas de asistencia, sino titulares plenas de derechos. Dos décadas después, el aniversario invita no solo a celebrar avances, sino también a reflexionar críticamente sobre lo que aún queda por hacer.
Uno de los mayores logros de la Convención ha sido el cambio de paradigma: se ha pasado de un enfoque médico y asistencial a un enfoque basado en derechos humanos. Este giro ha impulsado reformas legales en numerosos países, promoviendo la accesibilidad, la inclusión educativa y la participación política. Hoy, conceptos como “ajustes razonables” o “vida independiente” forman parte del debate público y de las políticas sociales, algo impensable hace apenas unas décadas.
Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad, tanto en España como en otros países, sigue siendo considerable. A pesar de los avances normativos, muchas personas con discapacidad continúan enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. Además, nuevas formas de exclusión han emergido en un mundo cada vez más digital. La brecha tecnológica afecta de manera desproporcionada a este colectivo, evidenciando que la accesibilidad no puede limitarse al espacio físico. La transformación digital debe ser inclusiva desde su diseño, o corre el riesgo de reproducir desigualdades existentes.
En el caso de España, la Convención ha tenido un impacto significativo en el ámbito jurídico y social. Desde su ratificación en 2008, se han impulsado reformas importantes, como la adaptación de leyes para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Destaca, en este sentido, la reforma del Código Civil en 2021, que eliminó figuras como la tutela para sustituirlas por sistemas de apoyo. Asimismo, se han desarrollado normativas en materia de accesibilidad universal, educación inclusiva, participación social, cultura, empleo o vida independiente, alineadas con los principios del tratado.
A nivel territorial, Navarra ha tratado de avanzar en la aplicación práctica de estos principios. Ha avanzado en políticas sociales, pero el reto ya no es solo ofrecer servicios, sino garantizar derechos en igualdad real.
Navarra ha impulsado políticas orientadas a la inclusión social, el acceso a servicios y la promoción de la autonomía personal. Cuenta con una red sólida de servicios sociales, con programas de atención a la autonomía personal y atención a la dependencia, atención temprana y apoyo comunitario. Asimismo, se han promovido medidas para favorecer la vida independiente, con apoyos en el entorno.
También se han producido avances en accesibilidad, tanto en infraestructuras públicas como en el transporte, junto con una mayor sensibilización sobre la accesibilidad universal en los entornos urbanos. A ello se suma la importante labor del Cermin como interlocutor en la incidencia política dando voz al colectivo, con una fuerte presencia de asociaciones y entidades sociales que colaboran con la administración. En términos generales, Navarra suele situarse en una posición favorable dentro del Estado en inversión social y cobertura de servicios. No obstante, estos avances conviven con importantes retos pendientes. El acceso al empleo ordinario sigue siendo limitado. En el ámbito educativo, la inclusión plena aún no es una realidad, persistiendo una insuficiencia de recursos en los centros ordinarios, así como una formación que requiere mayor desarrollo para que el profesorado pueda dar respuestas a aulas cada vez más diversas.
Asimismo, se observan desigualdades entre zonas urbanas y rurales, donde el acceso a servicios, apoyos y recursos especializados es más limitado. La vida independiente continúa siendo un desafío, debido a la falta de asistentes personales y de apoyos continuados, así como a la persistencia de modelos institucionalizados. A ello se suman carencias en accesibilidad universal. Pese a los avances, aún existen barreras en edificios, transporte, comunicación y entornos digitales, así como la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sociales, sanitarios y educativos. Finalmente, no puede obviarse la persistencia de barreras sociales: los prejuicios sociales y la falta de plena inclusión en la vida cotidiana siguen siendo obstáculos relevantes. A 20 años de la Convención, el reto principal es pasar del compromiso formal a la implementación efectiva. Esto implica voluntad política y recursos suficientes y, sobre todo, la participación activa de las propias personas con discapacidad en la toma de decisiones. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, lema central del movimiento, sigue siendo tan vigente como necesario. Este aniversario no debería ser solo un momento de conmemoración, sino una oportunidad para renovar el compromiso colectivo. Porque garantizar los derechos de las personas con discapacidad no es una cuestión sectorial, sino una medida del grado de justicia y democracia de nuestras sociedades.
La autora es presidenta de Cermin
