Montejurra 76, operación criminal del Estado

Los llamados “Sucesos de Montejurra”, ocurridos el 9 de mayo de 1976, pusieron en evidencia la participación del Estado en una operación armada para destruir un Partido Carlista que cuestionaba la monarquía instaurada por Franco y al que se consideraba un obstáculo para la consolidación de Juan Carlos de Borbón en el trono del Reino de España y eliminar ese acto antifranquista multitudinario. Prácticamente todos los estudios elaborados sobre esos trágicos hechos coinciden en el convencimiento de que importantes organismos estatales, como la Guardia Civil y los servicios de Inteligencia, participaron directamente en la “Operación Reconquista” para arrebatar el control del acto de Montejurra a los seguidores de Carlos Hugo, mientras el Ministerio de Gobernación de Manuel Fraga y el propio Gobierno de Arias Navarro tuvieron, al menos, conocimiento de la misma.

En los preparativos y financiación de los grupos que dispararon contra los concentrados intervino de forma destacada la Unión Nacional Española (UNE), partido impulsado, entre otros por Antonio María Oriol. Las imágenes del “hombre de la gabardina”, rodeado de fascistas italianos (de Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie o Loris Gattelli), argentinos (de la Triple A argentina, García Almirón) y franceses (del Ejército Secreto-OAS, Jean-Pierre Cherid), disparando contra Aniano Jiménez, un carlista cántabro de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), ocuparon las portadas de los principales periódicos y revistas. Algunos de esos elementos de ultraderecha integrarían después los GAL encargados de asesinar a personas relacionadas con ETA. Tras los sucesos de Montejurra el “proyecto reformista” de Arias Navarro se vino abajo, ya había quedado “tocado” por los también hechos de Gasteiz donde la Policía Armada, dos meses antes, había disparado indiscriminadamente contra una asamblea de trabajadores en huelga, con el resultado de cinco obreros muerto fueron asesinados 5 trabajadores.

Tres personas fueron detenidas por estos sucesos. El militar retirado José Luis Marín García-Verde fue acusado de la muerte de Aniano Jiménez Santos. Los testigos recuerdan el gabán, las gafas oscuras y la boina roja de García-Verde, que fue conocido como «el hombre de la gabardina». Sin embargo, el Tribunal Supremo aplicó la extinción de responsabilidad penal derivada del Real Decreto Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía de 1977, lo que impidió que llegaran a sentarse en el banquillo, quedando estos crímenes impunes. Solo por medio de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de 5 de noviembre de 2003, se produjo una reparación parcial declarando que las dos víctimas de dichos sucesos tenían derecho a las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo, revocando la Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior de 17 de julio de 2001 que les denegó dichas indemnizaciones.

Documentos publicados en 2023 volvieron a implicar al Gobierno de Carlos Arias Navarro, y especialmente a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación en la organización de los sucesos. El gobernador civil de Navarra, José Luis Ruiz de Gordoa, envió el 5 de enero a Fraga (al que se refiere en sus comunicaciones como “mi querido amigo”), así como al director general de Seguridad y al de Política Interior, un informe planteando la necesidad de evitar que en 1976 se repitiera esa “concentración subversiva contra el Rey D. Juan Carlos”, proponiendo, entre otras alternativas, la posibilidad de ayudar a los “tradicionalistas” para neutralizar a los seguidores de Carlos Hugo.

Una carta póstuma del hijo José Miguel Ruiz de Gordoa, publicada en 2025, reveló, incluso, una conversación telefónica entre Juan Carlos I su padre y Ramón Merino, consejero del Reino y dirigente de la Unión Nacional Española-UNE horas antes de los crímenes ultraderechistas.

Las instituciones navarras han tardado muchos años en reaccionar ante estos sucesos, en proclamar que los mismos constituyen actos que también merecen justicia, reconocimiento, verdad y reparación, como otras víctimas. Hasta 2016 el Parlamento de Navarra no acordó honrar su memoria y solicitar al Gobierno del Estado la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en su Administración relacionados con los sucesos de Montejurra-1976. Hubo que esperar hasta 2023 para esta misma institución acordara pedir que se realizara con el Partido Carlista el reconocimiento público y la reparación que correspondiera, en su consideración de víctima política principal de los sucesos; para que instara al Gobierno de Navarra a que se declarara el monolito que está junto al Monasterio de lratxe como “Lugar de la Memoria”, como así se acordó por el ejecutivo foral en 2024. El pasado mes de abril, a instancias de EH Bildu, el legislativo foral ha reconocido a las dos víctimas mortales de estos sucesos como «víctimas del terrorismo practicado desde instancias del Estado y desde elementos de ultraderecha y fascismo», reiterando la petición al Estado para la desclasificación de los documentos que ocultan, ya con menos intensidad, la verdad sobre esta operación criminal organizada desde el propio Estado.

Por eso, este próximo sábado, cuando se cumplen el 50 aniversario de estos trágicos hechos vamos a participar en el acto que se celebrará en el mismo monolito de Iratxe en recuerdo de estas dos personas y en reivindicación de su memoria, así como en el acto que se celebrará, más tarde, organizado por el ayuntamiento de Estella/Lizarra en la Casa de Cultura Fray Diego.

Los autores son: Mikel Colomo (concejal del Ayuntamiento de Lizarra), Adolfo Araiz (parlamentario foral) y Bel Pozueta (diputada al Congreso)