La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana ni un debate de ciencia ficción. Es una realidad presente en nuestras vidas en general, y en nuestras empresas, en nuestras administraciones y, cada vez más, en la organización y ejecución del trabajo. Constantemente asistimos a debates al respecto, e incluso hemos conocido muy recientemente la encíclica del Papa León XIV, justo antes de su visita a España, donde reclama humanizar la IA y reflexiona sobre su impacto en la libertad, la dignidad, el empleo o la sociedad. Como secretario general de UGT, creo que el reto no es preguntarnos si la IA va a transformar el empleo –eso ya está ocurriendo–, sino cómo garantizamos que esa transformación se haga con derechos, con justicia social y con participación de los trabajadores y trabajadoras.
Estamos ante una revolución tecnológica de enorme calado, comparable en su impacto a la industrialización o a la digitalización de las últimas décadas, pero con una diferencia fundamental: la velocidad. La IA se está integrando en procesos productivos, en la toma de decisiones empresariales, en la selección de personal, en la logística, en la atención al cliente o incluso en la supervisión del desempeño laboral a un ritmo que supera la capacidad de adaptación de muchas normativas laborales y, sobre todo, de muchas personas trabajadoras.
Este escenario genera oportunidades evidentes. La IA puede mejorar la seguridad en el trabajo, reducir tareas repetitivas o peligrosas, optimizar procesos y aumentar la productividad. Bien utilizada, puede contribuir a jornadas más racionales, a empleos más cualificados y a una mejor conciliación. Pero también presenta riesgos muy serios que no podemos ignorar: la sustitución de empleo en determinados sectores, la intensificación del control laboral, la pérdida de autonomía en el puesto de trabajo, la segmentación del mercado laboral y el aumento de las desigualdades.
Uno de los riesgos más preocupantes es el de la opacidad algorítmica. Cada vez más decisiones que afectan a los trabajadores desde la asignación de turnos hasta la evaluación del rendimiento o la contratación están mediadas por algoritmos que, en demasiadas ocasiones, son cajas negras inaccesibles para quienes se ven afectados por ellas. Esto no solo plantea un problema de transparencia, sino también de derechos fundamentales. No puede haber decisiones laborales automatizadas sin supervisión humana, sin explicación y sin posibilidad de recurso.
Otro elemento clave es el impacto en el empleo. No se trata de alimentar discursos catastrofistas, pero tampoco de caer en la ingenuidad tecnológica. La historia nos demuestra que cada transformación tecnológica ha destruido determinados empleos y ha creado otros nuevos. La diferencia ahora es la velocidad y la profundidad del cambio. La IA no solo sustituye tareas manuales, sino también cognitivas, lo que afecta a una parte muy amplia del mercado de trabajo. Por eso, la transición debe ser gestionada, anticipada y, sobre todo, acompañada.
Transición justa
Desde UGT defendemos con claridad que no puede haber transición digital sin transición justa. Y eso significa tres cosas fundamentales.
En primer lugar, formación y recualificación permanente. El derecho a la formación debe ser un derecho laboral real, garantizado y accesible para toda la población trabajadora, no un privilegio. Necesitamos planes de recualificación ambiciosos, financiados públicamente y negociados con los agentes sociales, que permitan a los trabajadores adaptarse a los nuevos perfiles profesionales que demanda la economía digital.
En segundo lugar, regulación. La inteligencia artificial en el ámbito laboral no puede desarrollarse en un vacío normativo. Es imprescindible establecer marcos legales claros que regulen el uso de algoritmos en la empresa, garanticen la transparencia de los sistemas automatizados y reconozcan derechos específicos de información, consulta y negociación colectiva en materia tecnológica. Los representantes de los trabajadores deben tener acceso a la lógica de los sistemas algorítmicos que afectan a las condiciones de trabajo.
En tercer lugar, redistribución de los beneficios de la productividad. Si la IA incrementa la productividad –como todo indica–, ese aumento no puede traducirse únicamente en mayores beneficios empresariales o en una reducción de plantilla sin alternativas. Debe traducirse también en mejores salarios, reducción del tiempo de trabajo y mejora de las condiciones laborales. Y esa redistribución también tiene que producirse en ámbito fiscal y de las cotizaciones sociales. Si las empresas van a obtener más beneficios con más IA y menos empleos, de alguna manera tenemos que sostener nuestro Estado de Bienestar y nuestras pensiones. Y aprovecho para recordar la propuesta que nuestro secretario general, Pepe Álvarez, hizo hace ya varios años: los robots tienen que cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos. El propio Bill Gates ha afirmado hace unas semanas que los robots y la IA pagarán impuestos antes de cinco años. Porque el progreso tecnológico debe ser compartido. Además, es imprescindible reforzar la negociación colectiva en este nuevo contexto. Los convenios colectivos deben incorporar cláusulas específicas sobre digitalización e inteligencia artificial, estableciendo límites claros al uso de estas tecnologías, garantizando la supervisión humana y protegiendo la dignidad en el trabajo. No podemos permitir que la tecnología debilite la capacidad de organización colectiva de los trabajadores; al contrario, debe reforzarla.
Gestión algorítmica
También debemos prestar atención a un fenómeno emergente: la gestión automatizada del trabajo en plataformas digitales y en entornos de alta digitalización. La llamada “gestión algorítmica” puede derivar en formas de control laboral más intensas y menos visibles, que afectan directamente a la salud mental, a los ritmos de trabajo y a la capacidad de decisión de las personas trabajadoras. Aquí el papel de la inspección de trabajo y de la representación sindical será clave.
La inteligencia artificial no es neutral. Su diseño, su implementación y su uso responden a decisiones humanas, económicas y políticas. Por eso, no podemos dejar su desarrollo exclusivamente en manos del mercado o de los grandes operadores tecnológicos. Necesitamos gobernanza democrática de la tecnología. Desde UGT defendemos un modelo en el que la innovación tecnológica esté al servicio de las personas y no al revés. Un modelo en el que el progreso no se mida solo en términos de eficiencia económica, sino también de cohesión social, igualdad y bienestar laboral. Un modelo en el que nadie quede atrás.
La inteligencia artificial puede ser una oportunidad histórica para mejorar el trabajo o puede convertirse en un factor de precarización y desigualdad. La diferencia no la marcará la tecnología en sí misma, sino las reglas que decidamos como sociedad. Y en esa tarea, el sindicalismo tiene un papel insustituible. Porque allí donde hay transformación del trabajo, debe haber derechos. Y allí donde hay tecnología, debe haber democracia.
El autor es secretario general UGT Navarra