Tras casi cuatro años del primer Gobierno de izquierda de su historia, Colombia afronta una segunda vuelta presidencial marcada por una profunda polarización. Más que una disputa entre candidaturas, el 21 de junio se enfrentan dos visiones sobre la democracia, la seguridad, la paz, el papel del Estado y el futuro del país.

Por un lado, Abelardo de la Espriella se presenta como un outsider, aunque cuenta con el respaldo de sectores tradicionales, de derecha y ultraderecha vinculados al uribismo. Su campaña combina mano dura, reducción del Estado y rebajas fiscales a los grandes capitales. Sin embargo, preocupa especialmente su lenguaje de confrontación y estigmatización. Expresiones como «destripar a la izquierda» o «castigar» a sus adversarios resultan graves en un país donde el señalamiento político ha precedido a la persecución y la violencia. A ello se suman los cuestionamientos sobre figuras e intereses que rodean su candidatura, algunas relacionadas públicamente con estructuras investigadas por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Estas dinámicas podrían normalizar la intolerancia, debilitar el Estado de derecho y poner en riesgo los derechos y avances democráticos.

Frente a esta visión, Iván Cepeda, senador, filósofo y defensor de los derechos humanos, representa junto con la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué una propuesta basada en la justicia social, la garantía de derechos, la transición energética, el fortalecimiento de los servicios públicos, la protección ambiental y la construcción de paz. Su programa plantea un Estado capaz de reducir las desigualdades, impulsar la economía popular y garantizar la salud, la educación y el trabajo digno, combinando seguridad, justicia, inversión social y negociación política para actuar también sobre las causas de la violencia.

Ante estos dos modelos de país, asociaciones de colombianas y colombianos residentes en Navarra y el País Vasco manifiestan su respaldo a Cepeda y Quilcué. Consideran que esta candidatura ofrece una alternativa democrática frente a la confrontación y sitúa en el centro los derechos humanos, la justicia social, el fortalecimiento institucional y una paz basada en el diálogo, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Asimismo, reivindican el papel de la diáspora como actor político del presente y futuro de Colombia.

En un proceso tan decisivo, resulta fundamental vigilar los delitos e irregularidades electorales, como la compra o coacción del voto, la suplantación de electores, las presiones sobre jurados y votantes y las anomalías durante el conteo y los escrutinios. La presencia de testigos electorales y de misiones independientes de observación nacional e internacional constituye una garantía adicional de transparencia, al permitir registrar incidencias, proteger el voto y contribuir a que los resultados expresen fielmente la voluntad ciudadana.

Desde Navarra y País Vasco, diferentes organizaciones sociales de colombianos hacen un llamado a participar de manera informada, consciente y responsable, y a defender una democracia en la que las diferencias se tramiten mediante el diálogo y no mediante el odio, la exclusión o la violencia.

Desde España, nos la jugamos por la vida.

En representación de las asociaciones: Colombia Aurrera; Congreso de los Pueblos de Colombia; Asociación de Colombianos en Estella; Asociación J. Freytter Elkartea; Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco –Asocolvas–; y Asociación Bachué Elkartea.