El error de apoyar la libre elección de centro

El pasado 14 de mayo el Parlamento de Navarra aprobó una ley sobre prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio por igual en redes desiguales, pública y concertada.

A una parte de la ciudadanía esta ley, aprobada por Vox, PP y UPN, y apoyada (mediante el vergonzante modo de la abstención ) por Geroa Bai y EH Bildu, le ha provocado enfado y sorpresa, en mi caso mucho enfado y poca sorpresa.

Como consecuencia, catorce unidades que no cumplen con los requisitos legales, quedan prorrogadas por un año, al coste de cerca de dos millones de euros de dinero público.

Que la ley señale una prórroga durante un año encierra una descarada mentira, puesto que el año que viene esas unidades verán prorrogada su existencia durante toda la etapa de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. No es creíble que los que han apoyado la ley rectifiquen el curso que viene y anulen esas unidades. La lógica de la ley supone que el curso que viene allí donde haya un alumno o alumna sin plaza en la concertada, se desdoble el aula, ¿dónde está el límite, en cinco, dos o un alumno o alumna?.

Estamos cansados de que a la hora de asignar recursos se trate bajo el presunto principio de igualdad a redes sociales a las que la sociedad le hemos asignado distintas responsabilidades. Es a la red pública y no a la concertada a quienes estamos responsabilizando de cumplir con un objetivo básico de los sistemas educativos, el avance en la inclusión, la atención al alumnado más vulnerable, migrante y no migrante. Para cuándo el principio de equidad que proclaman las leyes y que olvida la mayoría parlamentaria navarra. Ahí están los datos para quien los quiera ver.

Pero es que la aprobación de esta ley supone un hecho en mi opinión muy grave y con consecuencias desde un inmediato futuro. Se ha aprobado por los síes y las abstenciones, un principio sostenido de forma persistente por la derecha, la “libre elección de centro”.

Este principio supone que el estado acepta que el “derecho de los padres a la libre elección de centro” es un principio absoluto y por ello no sujeto a restricción alguna. Sin embargo, la implementación de este principio, que personalmente rechazo, está sujeta a las leyes y el acceso a los conciertos es voluntario.

Las catorce aulas prorrogadas no habían sido suprimidas, los centros, sean del modelo que sea, pueden seguir con ellas aunque sin subvención pública, un principio de solidaridad haría posible, sin mucho esfuerzo, que sean financiadas por los centros. Recordemos que, véase el estudio de la cadena SER de 2025, los centros navarros cobran, en mi opinión de forma ilegal, las llamadas “cuotas voluntarias”. Once centros navarros cobraban entre ochenta y ciento ochenta euros mensuales, entre ellos cinco ikastolas. No se trata, por tanto, de principios, sino de privilegios.

Sin embargo, no se ajusta a derecho entender que el Estado está obligado a crear o sostener centros en función de los deseos particulares de los padres. Como señalara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la efectividad de ese derecho no obliga a los poderes públicos a subvencionarlo. Tal derecho ha de hacerse posible, principalmente, en la red pública de centros educativos”.

Según sentencia del Tribunal Constitucional  de 1985, el poder elegir centro no significa que constitucionalmente se derive una obligación indiscriminada (y sin controles públicos y contrapartidas) de subvencionar a los centros privados. “Ello se debe a que es el educando el beneficiario directo del derecho a la educación”.

Hasta aquí el enfado y falta la sorpresa. La ley ha salido aprobada porque se han abstenido los grupos nacionalistas de derecha y de izquierda. Incluso un acuerdo de última hora fue abortado por una patronal de la enseñanza privada.

Sorpresa al repasar el punto que encabeza el programa electoral de EH Bildu en educación que señalaba que: “Trabajaremos a favor de una educación libre, pública, gratuita, laica, de calidad, universal y feminista, tanto en el ámbito institucional como social”.

Sorpresa al ver que para justificar ese apoyo se hace referencia al papel de las ikastolas en la recuperación del euskera. Papel que es cierto y en circunstancias muy difíciles, las mismas circunstancias con las que trabajamos para la creación de la ikastola municipal. No es fácil escribir estas líneas al recordar el esfuerzo y la ilusión que compartimos cuando conseguimos la primera aulita en euskera en el colegio público Los Sauces de Barañáin hace 50 años.

A pesar del enfado y la sorpresa, creo que todavía es posible y necesario avanzar hacia un acuerdo estratégico para defender nuestra escuela pública. Una escuela pública vertebradora del conjunto del sistema educativo, una escuela pública en la que el euskera no sea un derecho de los territorios sino de las personas, acabando con la zonificación educativa en este tema.

Hay que discutir si estamos dispuestos a desarrollar un programa que posibilite la conversión de centros privados en públicos, por supuesto acabando con el privilegio de seleccionar al profesorado que luego es pagado con centros públicos.

Desde la discrepancia y con la mano tendida a colectivos sociales, APYMAs, sindicatos y fuerzas políticas, todos y todas tenemos la responsabilidad de trabajar hacia un acuerdo que defienda nuestra maltratada escuela pública.

El autor es profesor de Historia jubilado