Lo que son las cosas. Fue el propio gobierno de Zapatero quien en 2005 aprobó el Código de Buen Gobierno para los miembros del ejecutivo y altos cargos. Se ve que con anterioridad había barra libre y seguían vivas las inercias franquistas que concebían la Administración como botín de guerra a repartir entre los vencedores, en este caso, electorales.
La Orden 516/2005, de 3 de marzo, recogió así en su art. 1 los principios éticos que debían regir la actuación de ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos: “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y la igualdad entre hombres y mujeres”.
El largo listado de virtudes era similar así al existente en las oposiciones para entrar en el reino de los cielos y poder sentarse a la derecha del Padre. Tanto principio sonaba a hueco y tenía mucho de brindis al sol.
El mismo que el art. 47 de la Constitución que dice que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. ¡Ja!
El art. 3.6 de la Orden citada establecía que “se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones […] En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional, se incorporarán al patrimonio del Estado”. Dicha redacción se recogería después textualmente en la Ley de Transparencia aprobada por el gobierno de Rajoy en 2013.
El exministro de Industria, Turismo y Comercio del gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, acaba de afirmar en una carta personal que, en junio de 2008, el rey Abdalá, de Arabia Saudí, le regaló una pulsera, unos pendientes, un anillo, todos de esmeraldas y brillantes, así como un reloj de similar pedrería.
Fue tras una reunión celebrada en ese país para tratar y acordar sobre los precios del petróleo. El rey invitó a ella a los gobiernos de la UE, la Agencia Internacional de Energía (OCDE) y algunos presidentes de entidades bancarias, tales como Morgan Stanley (multinacional financiera) y Goldman Sachs (otra que tal). Se supone que todos los que acudieron a esa reunión recibieron un detalle similar.
Sorprendido por el regalo, Miguel Sebastián consultó en su Ministerio sobre cuál era la costumbre al respecto. Afirmó en su carta que “las secretarias me señalaban que todos los ministros se llevaban sus regalos, pues eran personales”, algo que reiteró su Oficiala mayor señalando que, “lo habitual era que los obsequios se los quedaran los ministros”.
Es decir, según eso, se consideraba que los regalos tenían carácter personal, no ligados al cargo, sino, se supone, a las cualidades de los asistentes a aquellas reuniones petro-político-financieras: simpatía personal, saber estar, buen hacer, empatía,... ¡De qué, si no!
En cualquier caso, el exministro no se llevó el regalo a casa, lo cual le honra, sino que lo depositó en el Ministerio, donde hoy luce en una vitrina expuesto al público. Pero, ¿quiénes eran los otros ministros (PP, PSOE) a los que se refirieron las secretarias de Sebastián?, ¿de qué regalos se apropiaron?, ¿hay alguien en el actual gobierno (Hacienda), o en la judicatura, investigando esto? Más bien parece que no, y que lo que se está aplicando es, no ninguno de los 16 principios citados en la Orden de Buen Gobierno, sino el más prosaico de “¡Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita!
¿A santo de qué viene pues tanta ética de plastilina, tanto Código de Buen Gobierno y tanta Ley de Transparencia, si después quienes aprobaron estas normas se las saltan por el arco del triunfo y las interpretan de forma que todos esos regalos de brillantes y diamantes pueden justificarse como algo ligado a los usos habituales, sociales y de cortesía, de la criminal, corrupta y misógina satrapía saudí?
En las cloacas del Estado, alabadas en su día por Felipe González, no solo anidan personas e instituciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos (GAL, torturas,…), sino también aquellas que, como ya se ha señalado, conciben los gobiernos y el poder como un botín de guerra a repartir, a la manera de los usos y costumbres vigentes en la dictadura.
Al margen de las explicaciones que pueda dar Zapatero sobre el origen de su pedrería, su caso está sacando a relucir el lodazal en el que se mueve buena parte de la alta clase política del país. Encabeza el ranking el emérito y le siguen los gobiernos y altos cargos, tanto centrales como autonómicos, que no han dudado en llenarse sus bolsillos, o las contabilidades B de sus partidos, con dineros públicos o privados.
La lista no tiene fin: Filesa, Roldán, GAL, viviendas-UGT, Guerra, AVE-Siemens, Bárcenas, Naseiro, Urralburu, Rato, Gurtel, EREs, Palma-Arena, Nóos, De Miguel, Citur, Eivissa, Púnica, CAM, Caja Madrid, Montoro, familia Pujol, Palau, Koldo-Ávalos, Bravo…
Los gobiernos y espacios de poder institucional deberían estar sometidos a estrictos cordones sanitarios basados en la transparencia extrema de sus actos, citas y reuniones, la declaración de todo tipo de ingresos monetarios o en especie, un estricto régimen de incompatibilidades personales o indirectas (¡Montoro!), la prohibición de transitar por puerta giratoria alguna, la realización de auditorias previas y posteriores a sus tomas de posesión y cese…
Es lo menos que se puede hacer para atajar este tipo de pandemias. Eso y sancionar, penar, suspender su actividad e ilegalizar a aquellas empresas privadas vinculadas a prácticas corruptas.
