pamplona - El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha admitido a trámite una querella presentada por dos antiguos acreedores del extécnico de Osasuna Petar Vasiljevic y que va dirigida no solo contra el propio entrenador sino contra el presidente del club rojillo, Luis Sabalza, al que se acusa de obstruir los embargos judiciales decretados para retener el sueldo del serbio. El proceso judicial se interpone una vez que los querellantes han tenido acceso a los contratos y formas de pago que Vasiljevic ha formalizado con la entidad. Dichos contratos fueron conocidos a raíz de que este periódico informara del acuerdo alcanzado por el club en el que anticipaba dinero a los acreedores del serbio por negocios inmobiliarios fallidos.

un plan para desobedecer pagos A Sabalza y Vasiljevic se les tomará declaración como investigados (la figura que sustituye a imputados) el próximo 5 de octubre por parte del juez instructor. Para efectuar tal ma-niobra de obstrucción a la labor judicial, Osasuna pagó durante años, anteriores a Sabalza y su junta, la mayor parte de su sueldo en negro al exdirector deportivo. Era una forma ordinaria de pago no solo con él, sino con todos los empleados, incluidos jugadores. Y fue ya en época de Sabalza al frente de la entidad cuando al técnico se pasó a facturarle a través de una sociedad mercantil en Madrid y de la que el titular era su hijo. La querella imputa en la actuación de Sabalza un posible delito de desobediencia judicial y otro de alzamiento de bienes por entender los querellantes que se desobedecieron los embargos con el fin de que no pudieran cobrar el dinero que se les adeudaba, que ascendía a un importe de un millón de euros. Los acreedores de Vasiljevic entienden que el exentrenador, con la connivencia de Sabalza como máximo mandatario, ideó este plan en su perjuicio.

canal, en la sombra Conviene recordar que los embargos decretados contra Vasiljevic y también contra Iñaki Ibáñez, ahora delegado del club y contra el que también se dirige la querella, se originaron hace años cuando ambos eran socios de unas firmas dedicadas a las compras de suelo y promoción inmobiliaria que se fueron al garete. Por la fallida actividad de estas empresas, Basabi y Basabat -en las que figuraba en origen Fran Canal, quien antes de la interposición de las demandas desapareció de la escena, aunque seguía figurando como apoderado y en la que también aparecía como socia la propia mujer de Canal-, se interpusieron varias reclamaciones judiciales puesto que ante la falta de solvencia de Vasiljevic e Ibáñez se ejecutaron los avales de sus socios, un empresario pamplonés y otro guipuzcoano. Estos industriales, hoy querellantes, iniciaron en 2010 una serie de pleitos civiles para recuperar las cantidades que se les adeudaban, acción que no fue factible durante al menos siete años debido a que Osasuna hacía, ya antes de la llegada de Sabalza, caso omiso a los oficios que se libraban desde el juzgado. Los decretos para embargar parte de los salarios de los dos empleados (Vasiljevic e Ibáñez) se prolongaron con el actual mandatario que, según los querellantes, continuó a través de diversas prácticas evitando los embargos. Así, acusan al actual responsable del club de concertar un plan con los dos empleados que imposibilitara tal cobro continuando con las “ilegalidades” mediante la creación de una sociedad pantalla creada ad hoc, respecto de la cual no existía ningún embargo. Parte de la documentación que se aporta en la querella, sobre todo los variados contratos que había tenido el técnico en cl club hasta enero de este año, fue transmitida por la propia entidad una vez que este periódico desveló que Sabalza había cerrado un acuerdo por 200.000 euros para que Osasuna entregara cheques y pagarés para saldar parte de las deudas de Vasiljevic, en una suerte de anticipo. Técnico y club salieron a la palestra, una vez difundida la noticia, para argumentar que “ese dinero siempre había sido de Vasiljevic, al que se le retenían facturas sin llegar a pagar”. En julio de 2015, Sabalza suscribió un acuerdo con Vasiljevic, quien actuaba en representación de la empresa M-Fut Solutions, por el que se le contrató a la citada sociedad para ejercer como director deportivo por una temporada y a cambio de una remuneración de 115.000 euros.

COBRABA MÁS DE LO QUE DECÍA Sin embargo, siempre según la querella, en 2011 el serbio había pactado un contrato en el que se le fijaba un salario de 24.000 euros, “lo que demuestra que la cantidad real que cobraba era más de 100.000 euros y siempre estuvo oculta para los acreedores” pues su pago se hizo en B durante unos años y luego a través de empresas pantalla. Por ello consideran clara la comisión de un alzamiento de bienes y el mismo, interpretan los querellantes, fue incluso reconocido por la actual directiva con los manifestado en una rueda de prensa: “Las personas ayudan a las personas” y “Osasuna es una familia”, expusieron entonces para tratar de contrarrestar las informaciones de este medio. En posteriores noticias, que sirven de contenido a la querella, incluso el presidente de la comisión de control económico, Joaquín Canalejo, admitió en una entrevista que se había impedido el cobro a los acreedores. A Canalejo se le preguntó si el club tenía obligación de hacer esos pagos por los embargos judiciales decretados y el presidente de la comisión de control respondió: “Sí, pero entre pagarle a un acreedor o a un empleado tuyo, si puedes buscar la fórmula de atender antes de la necesidad del trabajador que al acreedor, lo haces. Entiendo que es una política razonable”, decía Canalejo. Los querellantes afirman sentirse “perplejos ante tal declaración que pretende dar apariencia de normalidad a una conducta claramente delictiva” y que es “innegable” el alzamiento cometido por Sabalza y Vasiljevic “con independencia de que traten de disfrazarlo de un acto de bondad”.

Los acreedores recuerdan que durante años fueron desconocedores de esas prácticas ilegales para perjudicar su derecho de cobro y que, en realidad, pensaban en el caso de Vasiljevic que no tenía bienes para hacerle frente a los pagos y no que se estaban ocultando dichos bienes para no pagar. De esta forma, recuerdan que en enero de este año llegaron a un acuerdo con Sabalza por una cantidad muy inferior, 215.000 euros, al crédito que se debía, un millón, para saldar de esta manera, a través de Osasuna, las deudas de Vasiljevic. Cuando los querellantes descubrieron, una vez cerrado el acuerdo, que le garantizaba al serbio el desestimiento de procedimientos judiciales que ya se habían iniciado, y a través de la información que el club sacó a la luz pública los pagos reales efectuados durante años a Vasiljevic, aseguran que no se hubiera cerrado dicho pacto y menos por esa cantidad.

no justificar delitos Por ello, deciden interponer dicha querella “pues no pueden tolerar que reconozcan públicamente sus delictivas conductas y además sostengan que son actuaciones razonables en atención a la supuesta familia que constituirían los miembros de Osasuna. En ningún caso esa supuesta confraternidad puede justificar la comisión de un delito. Es preciso poner freno a la actuación de los querellados pues, de no hacerlo, múltiples acreedores pueden verse seriamente perjudicados”. En la misma querella se expone que la interposición de la misma contra Sabalza, Vasiljevic e Ibáñez “podrá ampliarse respecto a otros delitos y personas en virtud de lo que resulte de la investigación”.