Pamplona. El abogado del exdirectivo del Club atlético Osasuna Juan Pascual ha defendido durante la exposición de sus conclusiones en el juicio por el Caso Osasuna que "bajo ningún concepto primar por ganar puede considerarse delito".

El letrado, que ha pedido la absolución de su defendido, ha considerado que "bajo ningún concepto primar por ganar puede considerarse delito" y que la limpieza en la competición no es un bien defendible en este caso, ya que de ser así no cabría diferenciación entre la competición profesional y la amateur.

Así mismo, ha dado por hecho que, de considerarse delito la prima por ganar, "no se puede valorar de la misma forma a quien recibe un incentivo por hacer algo a lo que está obligado" que a quien le pagan por perder.

La fiscalía y La Liga, ha indicado, basan la implicación de Pascual "en decir que hubo un acuerdo de la Junta", pero no se ha presentado "ninguna" prueba de que los hechos imputados hayan sido acordados en ella ya que todos los exdirectivos lo han negado y no hay actas que lo acrediten, solo al palabra del exgerente Ángel Vizcay.

Según ha comentado, tan solo su cliene hizo referencia a que en Junta se habló de una posible prima al Betis por ganar al Valladolid y se estableció un máximo de 400.000 euros.

El letrado ha asegurado que Pascual no tenía conocimiento de las facturas falsas de Flefield y se ha referido al principio de confianza alegando que su defendido: "confía en el equipo económico del club, especialmente en el auditor," y que "si le dice que las cuentas reflejan la imagen fiel del club no tiene ningún elemento para sospechar lo contrario".

Se ha referido también a la declaración de Vizcay asegurando que "tiene muchos problemas para servir como prueba de cargo porque hace falta una corroboración periférica", algo que en el caso de los acuerdos en Junta, ha destacado, no existe.

A su juicio "es una incoherencia" la posición de la fiscalía al creer la versión del exgerente y considerarla de ayuda a la vez que admite que no hay corroboración del destino del dinero pero paralelamente da por probado que hay un acuerdo en Junta.

Ha criticado también el hecho de que desde la fiscalía y la acusación particular ejercida por Osasuna se considere que son diferentes los delitos de apropiación indebida en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 cuando, a su juicio, en ningún momento han argumentado esta ruptura de la continuidad delictiva.

A este respecto, ha manifestado su sospecha de que la acusación busca hacer una "exacerbación punitiva" pidiendo altas penas con el objetivo de conseguir sentencias de conformidad ante el temor de los acusados de enfrentarse a ellas, destacando que se está hablando de 12 y 14 años de prisión, "penas propias de homicidio o próximas al asesinato".

En lo referente a las penas por corrupción deportiva, ha manifestado que la multa debe ser proporcional a la ventaja o beneficio obtenido, por lo que debería diferenciarse la cantidad para cada uno de ellos.

Así, ha razonado, para los jugadores del Betis esta multa debería ser de 40.000 euros, mucho mayor si el club estuviese imputado, porque se estaría hablando de la diferencia económica de estar en Primera o Segunda división, y nula en el caso de los miembros de la Junta Directiva, quedando "sin efecto en caso de resolución condenatoria".

Tras sus alegatos, el abogado ha aprovechado para manifestar su alegría por el hecho de que se investigue la declaración del exosasunista Sisinio Fernández 'Sisi', que aseguró que antes de declarar ante el Minisetrio Fiscal se le pasó al despacho de uno de los jueces donde se le puso al teléfono con el presidente de La Liga, Javier Tebas, quien le aseguró su contrato.

"Es la propia fiscalía la que tiene medios porque es tan fácil como ver las llamadas que hay desde un despacho a otro", ha comentado, y añadido su convicción de que la fiscal presente en el proceso no estaba allí, por lo que ha pedido disculpas si se había sentido atacada por la denuncia de este hecho.