pamplona - Para no levantar sospechas sobre la posible ilicitud del pago, el juez instructor explicaba que Castelino emitió un contrato falso que recogía unos supuestos servicios "realmente no prestados" para la contratación del jugador Jukka Raitala, cedido gratuitamente a Osasuna por su club. Estos documentos, según la Audiencia, fueron utilizados por el club y por el auditor para justificar el pago de 350.000 euros, que se efectuó por orden de Izco, previa firma del presunto contrato por parte del entonces gerente Ángel Vizcay "respecto del cual existen indicios racionales de que era conocedor de la finalidad última de dicha transferencia". Por todo ello, concluye que las disposiciones patrimoniales no están debidamente justificadas. Respecto de Suárez, la Audiencia ratifica la investigación del juez al considerar que su conducta podría constituir un supuesto delito de administración desleal o de apropiación indebida o de blanqueo, "a título de cooperador necesario o de cómplice". En este sentido, en relación al recurso interpuesto por la defensa de Vizcay, aprecia indicios de la participación del mismo en el contrato de 20 de julio de 2011 con el que se pretendía amparar el pago de 350.000 euros de Osasuna a Castelino BV. "La realidad de la firma es un hecho indiscutido y con su firma se permitió la salida de dinero" de Osasuna, según la sala, que rechaza, debido a su cargo de gerente, la alegación de que desconocía el destino del dinero.
