PAMPLONA. La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado en su sesión de hoy una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
En ella manifiesta su "repulsa ante todo tipo de violencia sexista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto" y su "compromiso como Administraciones Públicas a seguir trabajando activamente contra las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y de violencia contra las mujeres y las niñas".
También plantea su "exigencia de que se cumpla la Resolución sobre la situación de las mujeres refugiadas solicitantes de asilo en la UE, votada el pasado 8 de marzo, que señala la necesidad de aplicar estrategias integradas contra la violencia de género e inscribir y documentar de manera individual a las mujeres para garantizar su seguridad y autonomía".
También se busca que "se reconozcan como persecución y motivos válidos para el asilo en la UE la violencia sexual y de género, la mutilación genital femenina, la trata, el matrimonio forzado, los crímenes de honor y la discriminación por sexo amparada por los Estados, con recursos humanos y materiales adecuados".
La declaración continúa con la manifestación de su "solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, con las mujeres y niñas que enfrentan la violencia sexista" y con la invitación a la ciudadanía mostrar su "rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres".
Se insta además a unirse a "la denuncia de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre".
El documento finaliza convencido de que "solo así podremos avanzar hacia sociedades más sostenibles, democráticas justas e igualitarias y hacia la construcción de comunidades más solidarias y habitables".
El texto aprobado hoy en la Comisión de Presidencia forma parte de la campaña "Ayuntamientos contra la violencia de género" organizada por la Red de Técnicas de Igualdad de Navarra formada por las entidades con técnica de igualdad.
Estas son Ablitas, Alsasua, Ansoáin, Barañáin, Baztan, Berriozar, Burlada, Cintruénigo, Consorcio de la Zona Media, Valle de Egüés, Estella, Ribaforada, Tafalla, Tudela, Villava, Zizur Mayor y las mancomunidades de servicios de base de zona Noáin, Leitza, Goizueta, Areso, Arano y Ultzama. El texto consensuado cuenta con el apoyo del INAI y de la FNMC y se pone a disposición del resto de entidades que quieran sumarse a la campaña.
El documento recoge que han pasado 18 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió la reivindicación feminista de señalar un día en el que la violencia contra las mujeres fuese visibilizada y rechazada a escala mundial.
Este 2017, recientemente expirada la fecha fijada por la Unión Europea para la reubicación de personas refugiadas, "se nos hace ineludible fijar nuestra mirada en la violencia específica que sufren las mujeres y niñas refugiadas".
Se trata ésta de una violencia que, "sin dejar de vincularse a la misma estructura patriarcal generadora y reproductora de las desigualdades entre hombres y mujeres, adquiere una gravedad especial en situaciones de alta vulnerabilidad como es la que viven las niñas y mujeres refugiadas".
El documento constata que son las desigualdades de género "una de las más persistentes violaciones de los derechos humanos de nuestra época", pero "sus consecuencias en contextos bélicos y conflictos armados se vuelven inaceptables a ojos de la comunidad internacional".
En los dos últimos años, el porcentaje de mujeres y niñas refugiadas que llegan a Europa ha ido en aumento y sus condiciones y realidades están más cerca, por lo que "deberían igualmente estar más presentes en las agendas políticas de todas y cada una de las administraciones".
"Las niñas y las mujeres refugiadas se ven expuestas a situaciones de violencia sexual, de negación de acceso a servicios básicos como recursos sanitarios y educativos, a la condena a la exclusión social, a matrimonios forzados, a embarazos precoces, a ser captadas en redes de tratas con fines de explotación sexual o laboral", entre otros.
Por ello, ante esta realidad, existe "la necesidad y la urgencia de responder a la obligación legal, política y ética de brindar y garantizar las mismas oportunidades para las niñas y las mujeres sea cual sea su origen y su situación".
