“Chapuza” e “improvisación” en un servicio tan esencial como la atención domiciliaria, que se encarga de asistir a las personas con necesidades básicas que no pueden vivir autónomamente en sus domicilios.
Son los dos términos que los grupos de la oposición han empleado este viernes para referirse a la gestión del Ayuntamiento de Pamplona con el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y al varapalo que ha supuesto para Navarra Suma la sentencia de la sala de lo social Tribunal Superior Justicia de Navarra, que obliga a reintegrar a las 199 empleadas del citado servicio en la plantilla orgánica municipal.
Un día después de que el Ayuntamiento de Pamplona anunciara su intención de ejecutar de dicha resolución judicial y no recurrir, se ha celebrado este viernes una reunión del Consejo de Administración de Servicio de Atención al Domicilio Pamplona, presidida por la concejala María Caballero, con presencia de representantes de todos los grupos municipales.
Reacciones de los grupos
A su conclusión, EH Bildu ha emitido un comunicado para exigir una hoja de ruta clara para normalizar la situación administrativa del servicio y un estudio económico sobre costes.
El principal partido de la oposición considera que “por mucho que Maya y su equipo quieran dar la impresión de que no pasa nada tras la sentencia, la realidad es que la enorme chapuza que impusieron para revertir la municipalización obliga ahora a afrontar un enmarañado camino administrativo para que el servicio, en el mejor de los casos, esté como hace 10 años”.
Bildu se felicita porque se reconozcan los derechos de las trabajadoras, “pero lamentamos profundamente que las obsesiones de UPN nos lleven ahora a un arduo proceso en el que habrá que invertir muchos recursos para solucionar un problema que ya estaba resuelto con las decisiones adoptadas la anterior legislatura”.
Según la formación abertzale, “lejos de que el tema se zanje tras el anuncio del equipo de Gobierno de que no recurrirán la sentencia, la polémica sigue puesto que en el plazo dado por el juez (30 días) hay que resolver un auténtico puzzle administrativo”.
Desde EH Bildu se ha exigido en el Consejo del SAD una “hoja de ruta” que explique las decisiones a tomar a futuro para normalizar la situación; un estudio de los costes que “esta chapuza administrativa” va a suponer para las arcas públicas (costas judiciales, posibles duplicidades, etc.) y, finalmente, “que se aclare qué va a suceder con las pruebas de selección de personal que están convocadas para el próximo fin de semana”.
Una improvisación para Geroa Bai
En la misma línea, Geroa Bai ha denunciado en otro comunicado “la improvisación llevada a cabo por Navarra Suma en SAD derivada de la intención por parte de la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte María Caballero de revertir el servicio a través de un informe que no fue acertado”.
La coalición progresista critica “la incompetencia de Navarra Suma” y recuerda que desde su inicio Geroa Bai Iruñea ha respaldado a las trabajadoras y mantiene su defensa de la gestión directa del servicio, tal y como impulsó cuando fue municipalizado en la anterior legislatura.
Geroa Bai Iruñea aclara que “varios sindicatos recurrieron el cambio de gestión aprobado por parte de Navarra Suma con el apoyo necesario del Partido Socialista de Pamplona”. También añade que “el juzgado de lo Social número 3 acaba de dictar un nuevo auto en el que desestima el recurso del Ayuntamiento contra la ejecución de la sentencia que le obliga a reincorporar a la plantilla orgánica municipal a nada menos que 199 trabajadoras”.
En esa línea, la coalición mantiene que “con la gestión directa se garantizan mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras y se pueden controlar directamente la eficiencia y el control de costes”.
Geroa Bai Iruñea concluye que “mantener el servicio supone garantizar su calidad aumentando su eficiencia desde una mayor capacidad de respuesta a una demanda muy flexible y compleja”. Por su parte, el grupo municipal subraya que el planteamiento de Navarra Suma “supone un problema en la calidad de los servicios ofertados”.
Esporrín: "Una chapuza"
La portavoz socialista Maite Esporrín, por su parte, ha tomado la palabra en la sesión para que constara en acta que el procedimiento ha sido una chapuza y que no fue informada del artículo 13 firmado en el convenio, que impide externalizar este servicio, tal y como señala la sentencia del juzgado.
“Cuál es nuestra sorpresa cuando ahora nos enteramos que debido a una ejecución de sentencia del Juzgado de los Social del 5 de octubre del 22, obliga al Ayuntamiento a mantener de forma provisional a los trabajadores afectados en sus puestos de trabajo adscritos a la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento, porque entienden que se vulnera el artículo 13 del Convenio del Personal Laboral que dice “con el fin de promocionar el empleo público, no externalizará trabajos actualmente desempeñados por personal laboral fijo o indefinido no fijo” ha señalado Esporrín.
"No compartimos la sentencia, pero nuestra queja va dirigida a la manera de gobernar de Navarra Suma este Ayuntamiento"
"Pese a que no compartamos esta sentencia, porque entendemos que prestar un servicio desde una empresa pública no es externalización, puesto que se hace con dinero público y gestión pública, nuestra queja va dirigida a la manera de gobernar de Navarra Suma este Ayuntamiento" ha asegurado la edil del PSN.
