La irrupción de Bolt en Pamplona ha provocado un terremoto en el panorama del transporte local. Apenas un mes después de que la plataforma comenzara a operar en la capital navarra, los primeros expedientes sancionadores ya están sobre la mesa. Varios vehículos VTC han sido propuestos para sanción y trasladados al depósito municipal, según confirmó la Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra.
El motivo: la prestación de servicios urbanos ilegales, una actividad que la normativa estatal —que regula a los VTC en ausencia de legislación foral propia— prohíbe expresamente. El Real Decreto-ley 13/2018 limita estas autorizaciones a trayectos interurbanos, aunque habilita a las comunidades autónomas a desarrollar su propia regulación. Navarra, pese a haber iniciado este camino en la pasada legislatura, nunca lo culminó.
Sanciones de 1.000 euros y vigilancia reforzada
Las primeras sanciones han sido interpuestas por la Policía Municipal de Pamplona, integrada en un dispositivo conjunto con Policía Foral y Guardia Civil para controlar el cumplimiento de las condiciones de servicio. Entre las infracciones detectadas figuran la realización de trayectos urbanos o la presencia de VTC en paradas reservadas a taxis.
Las multas alcanzan los 1.000 euros e incluyen la inmovilización del vehículo hasta que se abone la sanción, con la posibilidad de reducir el importe por pronto pago.
Un desembarco veloz
Bolt comunicó al Gobierno de Navarra su llegada pocas semanas antes de comenzar a operar. Apenas un día después del aviso, las primeras diez licencias de VTC ya estaban activas en la calle. La cifra ha crecido rápidamente: en su primer mes, la plataforma prácticamente triplicó su flota hasta alcanzar una treintena de autorizaciones.
Su entrada reabrió un debate latente en la Comarca de Pamplona: la falta de taxis en determinadas franjas horarias y zonas, y la necesidad de ampliar la oferta de movilidad.
Una regulación inacabada y versiones enfrentadas
La llegada de Bolt también ha puesto de manifiesto la ausencia de un marco normativo navarro propio. En 2021, la Comisión Foral de Régimen Local propuso modificar la Ley Foral Reguladora del Transporte Público Urbano por Carretera para permitir que los VTC operaran en trayectos urbanos siempre que fueran contratados con al menos quince minutos de antelación. La iniciativa, muy criticada por el sector del taxi, nunca llegó al Parlamento y quedó en vía muerta.
Pese a ello, el director de Bolt en España, Daniel Georges, defendió en una nota a los medios de comunicación que los VTC asociados a la plataforma “sí pueden prestar servicios urbanos, al igual que el taxi”. En su opinión, es urgente que el Gobierno de Navarra retome la regulación pendiente.
Un conflicto que marcará la agenda de movilidad
Mientras las sanciones se acumulan y el vacío legal persiste, Bolt sigue operando en Pamplona. Su llegada ha acelerado un choque entre modelos de movilidad que, salvo un giro político, seguirá condicionado por una normativa estatal pensada para un escenario distinto. En medio de la tensión entre taxis, VTC y administraciones, los usuarios se han convertido en espectadores de un debate que vuelve a poner en cuestión cómo debe organizarse la movilidad en una ciudad que demanda más opciones… pero también reglas claras.
