Situación "insostenible" con una bajera ocupada en Azpilagaña

Los vecinos del edificio ubicado en la calle Río Alzania nº 11 del barrio pamplonés de Azpilagaña, junto con residentes de las calles adyacentes, han denunciado este lunes públicamente en un comunicado una "situación límite, cronificada y absolutamente intolerable" derivada de la ocupación ilegal de una bajera, que ha convertido la zona en un "foco permanente de inseguridad, insalubridad y degradación social, sin que el Ayuntamiento de Pamplona haya adoptado hasta la fecha ninguna medida eficaz, real y resolutiva, pese a conocer sobradamente los hechos", han lamentado.

El pasado 15 de enero de 2026, los vecinos de la zona celebraron una reunión en el Centro Cívico de Azpilagaña para abordar esta situación. La reunión fue masiva, superando con creces la capacidad de la sala habilitada, "lo que evidencia de forma clara y objetiva el nivel de alarma social existente y el hartazgo de un vecindario que se siente abandonado por la Administración", han añadido.

Durante la reunión, los asistentes expusieron una realidad extremadamente grave que resumen en los siguientes puntos: Los menores no pueden circular solos por la calle por miedo a lo que ocurre en el entorno de la bajera; se ha incrementado el número de robos en viviendas, generando una sensación permanente de inseguridad; en la plaza contigua se producen de manera habitual conductas incívicas, insalubres y degradantes, impropias de un espacio público; de forma especialmente alarmante, se denunció que menores de edad acuden en patinete a la bajera para trapichear, lo que revela una falla gravísima en la protección de menores y una dejación absoluta de las obligaciones públicas en materia de seguridad ciudadana.

La bajera, de titularidad privada, se encuentra ocupada por personas no identificadas, sin título habilitante alguno, que" han convertido el local en un espacio fuera de toda legalidad, con enganches ilegales a las redes de agua y electricidad del edificio, realización de hogueras y barbacoas en el interior, ruidos constantes a cualquier hora y un trasiego continuo de personas ajenas al inmueble, presuntamente vinculado al consumo y tráfico de sustancias estupefacientes".

"La situación constituye un riesgo cierto, grave e inmediato tanto para el inmueble como para las personas que residen en él", han argumentado los vecinos.

Los daños en los elementos comunes son continuos y han obligado a la Comunidad de Propietarios a asumir reparaciones reiteradas para evitar males mayores, "mientras la Administración competente mira hacia otro lado. Las imágenes que acompañan esta nota muestran una realidad incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad, salubridad y convivencia", añaden.

Pese a las múltiples intervenciones de la Policía Municipal, estas se han limitado a actuaciones puntuales y estériles, sin que se haya adoptado ninguna medida estructural ni preventiva, ni se haya puesto fin a la ocupación ni a las actividades ilícitas.

La Comunidad de Propietarios ha requerido a la propietaria de la bajera para que ejercite las acciones legales oportunas, sin resultado alguno, y ha denunciado formalmente los hechos ante el Ayuntamiento de Pamplona, solicitando inspecciones, medidas cautelares y actuaciones urgentes dentro de sus competencias.

La respuesta municipal "se ha limitado a un mensaje estandarizado de “vigilancia” y “patrullaje”, una contestación claramente insuficiente, evasiva e irresponsable, que evidencia una dejación de funciones ante un problema conocido y reiteradamente denunciado. Patrullar no es gestionar, y mucho menos resolver", han añadido los vecinos.

Los vecinos recuerdan que "el Ayuntamiento tiene la obligación legal, no la opción, de actuar cuando existen riesgos para la seguridad ciudadana, la salubridad pública y la protección de menores. No hacerlo implica asumir una responsabilidad directa por las consecuencias que puedan derivarse".

La situación de Río Alzania "no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de un problema estructural que se repite en distintos barrios de Pamplona, donde la acumulación de intervenciones policiales sin decisiones administrativas firmes termina dejando a los vecinos solos, desprotegidos y rehenes de la ocupación ilegal", han considerado los vecinos.

“No pedimos favores ni gestos de cara a la galería. Exigimos que el Ayuntamiento cumpla con la ley y con su deber de proteger a los vecinos. La seguridad, la convivencia y la protección de nuestros hijos no son negociables”, manifiestan los afectados.

Ante esta situación, los vecinos exigen al Ayuntamiento de Pamplona:

• Una inspección inmediata y exhaustiva del local.
• La adopción de medidas cautelares urgentes, incluida la inutilización de conexiones ilegales.
• El ejercicio efectivo de sus potestades administrativas para restablecer la legalidad y garantizar la seguridad.
• Y que no se normalice que barrios enteros queden rehenes de ocupaciones ilegales mientras las Administraciones se limitan a mirar hacia otro lado.

La Comunidad de Propietarios ya ha acudido a la vía penal, pero advierte: "la seguridad ciudadana no puede descargarse exclusivamente en los tribunales mientras la Administración permanece inmóvil. Si el Ayuntamiento sigue sin actuar, será corresponsable del deterioro del barrio y de cualquier daño que se produzca".