“Existen limitaciones legales que dificultan la intervención municipal”. Con estas palabras, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, se ha referido este martes a la okupación ilegal de una bajera en la calle Río Alzania nº 11, en el barrio de Azpilagaña, un problema que ha generado una creciente alarma entre los vecinos de la zona.
El edil ha explicado que el Consistorio es plenamente conocedor de la situación y que, desde el área de Urbanismo, se abrió hace meses un expediente de disciplina urbanística que ha derivado en la imposición de cinco multas coercitivas sucesivas para intentar forzar un cambio en el uso del local. No obstante, señaló que la propietaria de la bajera se ha negado a presentar una denuncia formal para recuperarla, lo que complica la actuación municipal al tratarse de un conflicto de carácter privado. “A pesar de ello, no nos conformamos y estamos valorando, junto a Policía Municipal, otras vías de intervención más extraordinarias”, ha asegurado.
Frente a esta explicación, los vecinos del edificio afectado y de calles colindantes denuncian una situación que califican de “límite, cronificada e intolerable”. Alertan de que la okupación ha convertido el entorno en un foco permanente de inseguridad, insalubridad y degradación social, sin una respuesta eficaz por parte del Ayuntamiento pese a conocer los hechos desde hace tiempo.
El malestar vecinal quedó patente el pasado 15 de enero, cuando cerca de medio centenar de personas acudieron a una reunión en el Centro Cívico de Azpilagaña. La asistencia superó la capacidad de la sala, un dato que, según los residentes, refleja el nivel de alarma social y el hartazgo de un barrio que se siente abandonado por la Administración.
Entre las principales preocupaciones figura la seguridad de los menores. Los vecinos aseguran que evitan que sus hijos circulen solos por la zona y denuncian un aumento de robos en viviendas. También alertan de conductas incívicas habituales en la plaza contigua y de la presencia de menores que acuden a la bajera para trapichear, una situación que consideran una grave dejación de las obligaciones públicas en materia de protección y seguridad ciudadana.
Según detallan, el local, de titularidad privada, está ocupado por personas no identificadas, con enganches ilegales a las redes de agua y electricidad, hogueras en el interior, ruidos constantes y un trasiego continuo de personas presuntamente vinculado al consumo y tráfico de drogas. Los daños en los elementos comunes han obligado a la comunidad de propietarios a asumir reparaciones reiteradas para evitar riesgos mayores.
Aunque reconocen las intervenciones de la Policía Municipal, consideran que se han limitado a actuaciones puntuales sin medidas estructurales que pongan fin a la ocupación. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso, ha confirmado el contacto directo de la Policía Municipal con la propiedad y la comunidad vecinal, así como la presencia reciente de agentes de Policía Comunitaria en una reunión con los afectados.
La comunidad de propietarios ha requerido sin éxito a la propietaria para que ejerza acciones legales y ha solicitado al Ayuntamiento inspecciones y medidas cautelares urgentes. Los vecinos recuerdan que el Consistorio tiene la obligación de actuar cuando existen riesgos para la seguridad, la salubridad y la protección de menores.
