Bajera de Azpilagaña: cinco multas de 1.000 euros y varias intervenciones policiales, la última el 15 de enero

El Ayuntamiento de Pamplonaestudia con la Policía Municipal llevar a cabo una actuación en la bajera okupada de la calle Rio Alzania 11, dado que la propiedad se desentiende, motivo por el cual ya ha recibido 5 multas coercitivas de 1.000 euros cada una sin que haya solucionado el tema. Además de las multas, Policía Municipal intervino por última vez el pasado el jueves 15 de enero e identificó a 6 personas dentro del local.

Tras la denuncia pública realizada este lunes por vecinos del bloque y residentes de la zona de Azpilagaña, fuentes municipales quisieron aclarar que, en contra de lo que afirman los residentes el Ayuntamiento de Pamplona ha venido actuando en este local, y que, de hecho, constan dos partes de Policía Municipal con fechas 23 y 26 de diciembre de 2023. El Consistorio es conocedor del malestar vecinal y entiende “perfectamente la preocupación por la situación que están viviendo”, no obstante no considera justo que se diga que no está interviniendo, “cuando constan actuaciones desde el mismo momento en el que fuimos conocedores de esa realidad”, indicaron.

Tras la intervención a finales de 2023 de la Policía Municipal, días después, el 5 de febrero de 2024, se incoó expediente disciplinario al propietario de la bajera y en abril se le traslada una orden de cesa de la actividad, “apercibiéndole de que, en caso contrario, se le impondrán multas coercitivas”. Ante la falta de respuesta, añaden que “se iniciaron las tramitaciones de esas multas, de las que se han impuesto 5 hasta el momento” y “si hubiese negativa a pagarlas tendremos que abrir vías de apremio sobre su patrimonio”.

La propiedad de la bajera, según ha sabido este periódico, es una persona “que figura dada de alta como gestora de arrendamientos de locales y que no ha presentado hasta el momento ninguna denuncia por okupación”. El Ayuntamiento añade que ha llegado a estar en persona con la propiedad, “pero se desentiende por completo. De hecho, las notificaciones no las recoge y tenemos que hacer como alternativa de notificación la publicación en el BON, lo que ralentiza mucho las actuaciones”.

Además de los requerimientos al propietario, el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha llevado a cabo “numerosas intervenciones por parte de Policía Municipal, la última de ellas el 15 de enero donde se identifican a 6 personas dentro del local”. Respecto a las afirmaciones de los residentes, cuando señalan que hay trapicheo con menores, quieren precisar que “se han realizado decenas de actuaciones durante estos meses” y añaden que “lo del trapicheo es una conjetura, pero no hay pruebas al respecto”.

Las fuentes municipales afirman que “no teníamos conocimiento” de que se hubiese acudido a lo Penal para denunciar el caso, y “tampoco sabemos si la comunidad de vecinos ha planteado alguna actuación en vía civil, en aplicación de sus estatutos”. Por último, precisan que “a la vista de que la propiedad sigue sin querer actuar, estamos valorando con Policía Municipal otras posibles iniciativas”.

Abaurrea: “Existen limitaciones legales que dificultan la intervención municipal”

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, se ha referido este martes a la okupación ilegal de una bajera en la calle Río Alzania nº 11, en el barrio de Azpilagaña, un problema que ha generado una creciente alarma entre los vecinos de la zona.

El edil ha explicado que el Consistorio es plenamente conocedor de la situación y que, desde el área de Urbanismo, se abrió hace meses un expediente de disciplina urbanística que ha derivado en la imposición de las citadas multas, para intentar forzar un cambio en el uso del local. No obstante, señaló que la propietaria de la bajera se ha negado a presentar una denuncia formal para recuperarla, lo que complica la actuación municipal al tratarse de un conflicto de carácter privado. “A pesar de ello, no nos conformamos y estamos valorando, junto a Policía Municipal, otras vías de intervención más extraordinarias”, ha asegurado.

Frente a esta explicación, los vecinos del edificio afectado y de calles colindantes denuncian una situación que califican de “límite, cronificada e intolerable”. Alertan de que la okupación ha convertido el entorno en un foco permanente de inseguridad, insalubridad y degradación social, sin una respuesta eficaz por parte del Ayuntamiento pese a conocer los hechos desde hace tiempo.

El malestar vecinal quedó patente el pasado 15 de enero, cuando cerca de medio centenar de personas acudieron a una reunión en el Centro Cívico de Azpilagaña. La asistencia superó la capacidad de la sala, un dato que, según los residentes, refleja el nivel de alarma social y el hartazgo de un barrio que se siente abandonado por la Administración.

Entre las principales preocupaciones figura la seguridad de los menores. Los vecinos aseguran que evitan que sus hijos circulen solos por la zona y denuncian un aumento de robos en viviendas. También alertan de conductas incívicas habituales en la plaza contigua y de la presencia de menores que acuden a la bajera para trapichear, una situación que consideran una grave dejación de las obligaciones públicas en materia de protección y seguridad ciudadana.

Según detallan, el local, de titularidad privada, está ocupado por personas no identificadas, con enganches ilegales a las redes de agua y electricidad, hogueras en el interior, ruidos constantes y un trasiego continuo de personas presuntamente vinculado al consumo y tráfico de drogas. Los daños en los elementos comunes han obligado a la comunidad de propietarios a asumir reparaciones reiteradas para evitar riesgos mayores.

Aunque reconocen las intervenciones de la Policía Municipal, consideran que se han limitado a actuaciones puntuales sin medidas estructurales que pongan fin a la ocupación. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso, ha confirmado el contacto directo de la Policía Municipal con la propiedad y la comunidad vecinal, así como la presencia reciente de agentes de Policía Comunitaria en una reunión con los afectados.

La comunidad de propietarios ha requerido sin éxito a la propietaria para que ejerza acciones legales y ha solicitado al Ayuntamiento inspecciones y medidas cautelares urgentes. Los vecinos recuerdan que el Consistorio tiene la obligación de actuar cuando existen riesgos para la seguridad, la salubridad y la protección de menores.