El desalojo del centenar de personas que habitaban el convento de Aranzadi “empeora más, si cabe, la grave situación que ya están atravesando”. Colectivos sociales como Negu Gorriak, Etxebizitxa Sindikatu Sozialista Iruñerria, Punto de Información para personas Migradas (PIM) o Apoyo Mutuo han denunciado la actuación del Ayuntamiento de Pamplona que, según han apuntado, quiere “blanquear el injusto desalojo con tres noches de hotel –para algunos–”.
Además, informan las asociaciones, a algunos “no se les ha ofrecido si quiera la posibilidad de recoger sus pertenencias”, entre las que había ropa y mantas, pero también pasaportes, certificados y expedientes en trámite “esenciales para los procesos de regularización”. Lo único que se les ha puesto sobre la mesa, revelan, han sido “billetes de bus para abandonar Pamplona”.
Al mismo tiempo, el desahucio masivo se ha materializado en vísperas de un auzolan, convocado para el próximo sábado 18 de abril, que pretendía acondicionar el edificio. Este hecho, señala Negu Gorriak, demuestra que “el Ayuntamiento ha actuado con premeditación y conocimiento para evitar que esta acción de solidaridad comunitaria se llevara a cabo”.
Igualmente, critican, el operativo se ha presentado como “una medida de protección hacia los propios desalojados”, cuando, en realidad, las del convento eran “las únicas cuatro paredes de las que disponían para cobijarse”, señalan desde Apoyo Mutuo. Paralelamente, cabe destacar que no se ha avisado con antelación a los desahuciados, que la intervención se ha llevado a cabo en un día lluvioso, con temperaturas inferiores a los 7 ºC y antes de que amaneciera, y que esta ha provocado la autolesión de uno de los afectados, que se ha ocasionado numerosos cortes en los brazos y la cabeza.
El patrón “se repite”
Según denuncia Negu Gorriak, lo ocurrido este lunes en Pamplona “no es un hecho aislado”, sino que sigue con precisión “el mismo patrón que hemos visto aplicar al PNV en Donostia –Martutene y Herrera– y en Bilbao –Zorrotzaure–”, y que antes “ejecutó el PP de Albiol en el B9 de Badalona; un desalojo que los partidos que hoy gobiernan en Iruñea condenaron en su momento sin ambages”.
En palabras del colectivo, el señalamiento mediático que vincula asentamientos con criminalidad, las intervenciones policiales de intensidad creciente y el desalojo final –camuflado como medida de protección para los afectados– demuestran que “la línea política de la extrema derecha en materia migratoria está ya plenamente instalada en Euskal Herria”.
Mientras, Apoyo Mutuo expone que, desde instancias municipales, les consta que “Aranzadi no tiene permiso de obras”, lo que corrobora que “hay dinero para otras miles de cosas más superfluas” que el hecho de que un centenar de personas hayan habitado el convento durante dos años “sin padrón, atención social, alimento, abrigo ni medicinas”. Así, los colectivos reclaman de manera urgente “la habilitación de camas y recursos de alimento e higiénicos para atender de forma humana a todas estas personas” que, incluso el mismo día de su “dramático desalojo”, se han visto obligadas a improvisar.
