El Ayuntamiento abre investigación interna para abordar el escándalo del trato de favor a los chalets de la Media Luna

Cinco altos cargos de UPN y PP tuvieron conocimiento de la medida que en 2022 adoptó el Ayuntamiento de Pamplona para permitir que unos cuantos vecinos de los chalets de la calle Media Luna pudieran utilizar gratuitamente el aparcamiento de la Plaza de Toros mientras se desarrollaban las obras de construcción de las torres en el solar de los Salesianos.

La medida tuvo una duración de 6 meses, entre el 10 de enero y el 10 de junio de 2022, y generó una deuda de 10.850 euros que la empresa gestora del parking sigue pendiente de cobrar.

En total fueron 17 vehículos, vinculados a cinco chalets de la calle Media Luna, los que pudieron hacer uso del aparcamiento de la Plaza de Toros después de que se cerrara un acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa gestora del parking para solucionar los problemas de acceso a la citada vía.

17 vehículos de cinco chalets

Para ello, el Ayuntamiento habilitó un listado para que los propietarios de los chalets pudieran hacer uso del parking. Uno de ellos incluyó a seis vehículos, otro lo hizo con cuatro vehículos, hubo otro con tres y dos chalets con dos cada uno.

Ocurrió a principios de 2022, cuando los trabajos en el solar del antiguo colegio de Salesianos se encontraban en su momento álgido, lo que obligó a cortar los accesos rodados de la zona, cerrar calles y limitó las plazas de estacionamiento.

En este contexto hay que situar los contactos que se produjeron ante los problemas de algunos conductores para acceder a sus aparcamientos privados.

Las gestiones del Ayuntamiento, según la documentación disponible, se centraron en dar una solución a los vecinos de la Media Luna —una de las calles cortadas por las obras—, aunque las afecciones también se extendieron a los residentes en las calles Arrieta, Aralar, Leyre o San Fermín.

Al frente del equipo de Gobierno se encontraban UPN y PP, como socios de la coalición Navarra Suma, y el visto bueno correspondió al área de Seguridad Ciudadana, dirigida entonces por Javier Labairu.

Al menos otro edil de Navarra Suma estaba al tanto de la operación: Fermín Alonso (PP), concejal delegado del área de Proyectos. También era conocida por el director de Seguridad Ciudadana, Patxi Fernández; por el director de Urbanismo, Fernando Nagore, y por el director de Proyectos, Alejandro Astibia.

Nadie hasta la fecha se ha hecho cargo de la deuda que generó el uso del parking durante aquellos seis meses y tampoco existe en el Ayuntamiento ningún expediente que justifique la medida, según ha confirmado este lunes el concejal delegado de Urbanismo, Joxe Abaurrea, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local.

De lo que sí hay constancia es de las comunicaciones remitidas por los cargos municipales, como el correo que envió el 19 de enero de 2022 el exdirector del área de Seguridad Ciudadana, Patxi Fernández, al exdirector del área de Proyectos con el listado de las matrículas de los vehículos de la calle Media Luna a “los que hay que darles plaza en el aparcamiento de la Plaza de Toros”.

Avisaba a Alejandro Astibia de que esa lista era incompleta, ya que “supongo que a lo largo de la semana, conforme avancen las obras, darán el resto de matrículas”, y pedía al director de Proyectos que le tuviera al tanto de la operación: “Ya me dirás cuándo les informamos de que están dados de alta y pueden usar el aparcamiento y si tienen alguna plaza reservada para cada matrícula”.

Finalmente, el aparcamiento no les concedió una plaza específica a estos conductores, aunque se les permitió usar cualquier acceso de entrada y salida y podían aparcar en cualquier plaza libre de la primera y segunda planta. El abono era de 24 horas y el precio por matrícula, según consta en la documentación, se fijó en 128,0992 euros mensuales.

La factura por utilizar el aparcamiento fue emitida el 3 de junio de 2022 y desde entonces lleva dando vueltas por los despachos del Ayuntamiento, pese a los reiterados intentos de la empresa por cobrar la deuda.

Primero fue rechazada por la dirección de Proyectos y después por la dirección de Urbanismo, en ambos casos al entender que no era un gasto que debían asumir en sus respectivas áreas.

En otras dos ocasiones posteriores, la empresa del parking ha visto cómo el Ayuntamiento se negaba a asumir la deuda, lo que le ha llevado a presentar la correspondiente reclamación.

Investigación interna

Durante su comparecencia de este lunes, Abaurrea ha anunciado la apertura de una investigación que determine las condiciones en las que se aplicó la medida y comprobar si se ajustan a la legalidad vigente.

En este sentido, ha reconocido que es “un caso curioso” porque “no se sabe exactamente si hay alguien que se haga responsable, porque aparentemente no hay un expediente y no sabemos hasta dónde puede haber o no una ilegalidad”.

Por ello, ha rechazado que el Ayuntamiento se niegue a pagar la factura generada en el parking, al parecer con una veintena de beneficiarios en 2022, pero ha emplazado a hacerlo al resultado de “una investigación en profundidad”.

“Pagaremos si hay título justo. Y si no hay título justo, tenemos que averiguar quién comprometió, en nombre de quién y para qué. Todas esas incógnitas todavía las tenemos, pero desde luego las vamos a esclarecer”, ha indicado sobre la posibilidad de que se hubiera beneficiado a determinados vecinos.