Vecinos y vecinas de Ermitagaña y San Juan, cuyas viviendas son colindantes del paseo 25 de Noviembre han presentado ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) un recurso contra la licencia de actividad clasificada y obras a Etxekonat Bat para un proyecto de 42 alojamientos colaborativos. Consideran que “el expediente presenta cuestiones que deben ser revisadas con mayor profundidad”.
Indican que “no se trata de un posicionamiento contrario a la vivienda colaborativa, cuyo valor social es reconocido”, sino de “que, en Navarra, no existe un marco normativo suficientemente desarrollado que garantice de forma efectiva la adecuada protección del interés público general”. Así, precisan que no hay una “regulación integral que establezca los requisitos, condiciones y límites aplicables a este tipo de iniciativas cuando implican la utilización o transformación de suelo público”, lo que “impide asegurar” plenamente su sometimiento a los principios de legalidad urbanística, transparencia, concurrencia y “correcta gestión del patrimonio público”. En este sentido, “no puede obviarse el análisis del uso del suelo en un proyecto de estas características, tal y como se sostiene en la resolución municipal al indicar que ‘no procede examinar el uso del suelo en este trámite’”. Por el contrario, entienden que “este es un aspecto esencial para determinar la legalidad de la actuación”.
Asimismo, se cuestiona que sea suficiente calificar el proyecto como “equipación o dotación pública”, cuando sus efectos reales implican la ocupación y restricción de espacios que hasta ahora han sido de uso abierto al conjunto del barrio. Ponen también de manifiesto otras cuestiones relevantes como “la afección a zonas verdes consolidadas, la ausencia de soluciones de aparcamiento en un entorno ya saturado y la incidencia sobre los accesos y derechos de las viviendas colindantes”.
Por último recuerdan que ya acudieron al TAN “ante una actuación similar” y este “nos dio la razón, lo que permitió preservar un espacio que hoy constituye un paseo abierto y de uso y disfrute general, en beneficio de toda la población”. Por todo ello, “entendemos que este proyecto debería revisarse con el rigor que merece. No se trata de frenar iniciativas, sino de evitar errores que puedan ser difíciles de corregir en el futuro.