Cuatrocientos

sE podría decir que 400 es una cifra mágica para el Gobierno de España. En abril de 2008, aprobó la devolución de 400 euros para más de trece millones de españoles que hicieron la declaración de la Renta; medida que tuvo un coste de 6.000 millones de euros. En noviembre del 2010, ha anunciado la retirada de la prestación de 426 euros que durante seis meses reciben los parados sin ingresos, una medida que afectará a casi 700.000 parados con un ahorro de 1.400 millones. Es decir, si no hubiera habido relajo fiscal tendríamos para la cobertura de esos parados durante dos años.

En poco más de dos años, el Gobierno ha tomado dos medidas totalmente opuestas y a mi modo de ver, las dos equivocadas. En un caso, dar dinero a quien lo tenía y en otro, no darle a quien lo necesita. Se bonificó con 400 euros a personas que, en algún caso, les significaba poco más que una cena. Ahora, se anuncia que se quitarán 426 euros a personas que les supone el sustento vital de cada mes.

Para intentar comprender esta lógica hay que recurrir al contexto económico en que se toman. A la política del momento oportuno en el contexto determinado. En un caso, estábamos ante un superávit en nuestras cuentas públicas y ahora, nos encontramos con problemas serios para financiar la Deuda Pública por falta de confianza en los mercados. Más allá del reconocimiento del error, este episodio nos debiera de servir de lección para avanzar en la gobernanza, en el buen gobierno de las personas. Es preciso entender que los impuestos suponen una forma de redistribución social vía recaudación que fomenta la socialización de oportunidades. Hay que entender que relajar el sistema fiscal es como los bombones, dulces en el momento que se consumen, pero amargos toda la vida porque acumulan adiposidad. Y si no que se lo pregunten a Irlanda.

Por otro lado, en la ayuda de 426 euros a los parados sin recursos se ha puesto la fecha de febrero como término de la misma. Esto me lleva a pensar que habrá recorrido para reformular esta situación. Incluso se habla de reconvertirla en una beca salario. Más allá de lo que deparen las instituciones públicas, éstas deberán revisar el actual sistema de ayudas de protección social. En el actual mapa autonómico nos encontramos que prácticamente todas las Comunidades Autónomas han implantado sistemas de asistencia social a las personas en situación de pobreza o exclusión, a los que están recalando los parados sin ingresos. Un catálogo de rentas sociales cuyas cuantías varían según Comunidad; desde más 600 euros a poco menos de 300 euros mensuales. Con unos condicionados que van del derecho subjetivo a la subvención graciable. En estos momentos de crisis, donde nos encontramos con un importante número de personas en paro, es preciso establecer fórmulas de coordinación y cofinanciación entre la Administración central y autonómica para dar eficacia a las mismas. Porque de lo que estamos hablando es de evitar riesgos de exclusión social ante una muy difícil situación, diría yo, ya que está de moda, un estado de alarma.