El Congreso aprueba la reforma que "acorrala" a la izquierda abertzale oficial

pamplona. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), impulsada por PSOE y PP y encaminada a estrechar el margen del que dispone la izquierda abertzale oficial para poder concurrir a unos comicios, recibió ayer el visto bueno del Congreso y ahora se remitirá al Senado, de manera que previsiblemente estará lista en el mes de febrero del año que viene. Después de recibir ayer 326 votos a favor, catorce en contra -los de PNV, ERC-IU-ICV y NaBai- y la abstención de CiU, la modificación de esta norma culminará su tramitación en la Cámara Alta en la sesión plenaria extraordinaria prevista para el 18 de enero, donde se aprobará sin cambios para que no tenga que volver al Congreso, se publique cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado y pueda entrar en vigor para las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo.

En su defensa de la proposición, el ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, argumentó que la iniciativa pretende "imponer el imperio de la ley frente a la argucia" del entorno de ETA. "Mientras ETA exista, Batasuna, se llame como se llame, no podrá concurrir a las elecciones", enfatizó, antes de subrayar que esta proposición de ley no es que sea oportuna, sino "obligatoria".

En términos similares, el diputado del PSOE José María Benegas apuntó que esta reforma pretende dejar claro a la izquierda abertzale, que ha tenido una imaginación "significativa" para "burlar" la ley, que tenga claro que se le va a impedir vías "ambiguas" para acceder a las instituciones si no rechazan la violencia o se distancian definitivamente de ETA. "No van a caber subterfugios para participar en las elecciones", advirtió.

En contraposición, CiU, PNV, ERC y Nafarroa Bai se mostraron más críticos con respecto al texto aprobado este martes, singularmente sobre la figura jurídica de la incompatibilidad sobrevenida, de la que aseguran tener dudas sobre su constitucionalidad. Y censuraron, además, el atajo legal que a su juicio supone una medida que pretende llegar donde el Código Penal "jamás" hubiese permitido, en palabras de Uxue Barkos.