El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir al Tribunal Constitucional la ley de consultas populares, por vulnerar las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. El pasado 31 de marzo, la Generalitat aprobó el proyecto de ley de consultas populares, que convirtió a Cataluña en la primera comunidad autónoma en impulsar una ley que le permite solicitar al Gobierno central la convocatoria de referendos sobre "cuestiones de especial trascendencia política". El Ejecutivo recalca que es el Estado el que tiene competencia exclusiva en esta materia.
