Pamplona. "Es una situación muy preocupante y muy grave", resume el delegado en Navarra de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), Juan Antonio Cabrero, que advierte de la delicada situación en la que quedan tras el decreto aprobado por el Gobierno central. "Con este recorte de horas, algunos van a dejar de cobrar 190 euros por kilovatio, lo que en términos anuales para una instalación de 10 kilovatios supone perder cerca de 2.000 euros", explicó ayer Cabrero, que subraya que esta cifra se multiplica de forma proporcional para quienes han invertido en más de una placa solar. Este recorte supone una merma del 20% en los ingresos de los últimos años, y en algunos casos puede dificultar el pago del crédito solicitado para afrontar la inversión. Cabrero recordó además que fue la propia Administración quien promovió estas inversiones dado "facilidades". "Era un plan a 25 años ampliable otros 15, y a muchos se les ofreció como un planes de pensiones", destacó.
Anper, al igual que otras asociaciones del sector, va a recurrir ante los tribunales por entender que el decreto compromete el futuro del sector, así como por el carácter retroactivo de las medidas y la imagen de "incertidumbre" que transmite España hacia el exterior. "Está en juego la credibilidad del país en el resto del mundo, sobre todo ante los fondos de inversión. Cuando una ley está aprobada se tiene que aplicar con todas sus consecuencias. No se puede modificar unilateralmente con el riesgo de enviar a muchos productores a la ruina", señaló. La asociación, que eleva hasta los 14 millones la cantidad que el Gobierno de Navarra dejará de percibir en concepto de IVA (más otros 6 por IRPF), pedirá daños y perjuicios y se reunirá con las entidades bancarias para intentar refinanciar las inversiones.
