la tortura es una de las manifestaciones delictivas más grave en un Estado de Derecho, porque quien está revestido de una cierta autoridad, la utiliza contrariamente a lo que como agente de la misma debe respetar y atenta muy gravemente al orden jurídico cuya defensa la propia Constitución le encomienda". La cita pertenece a un extracto de la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el 8 de julio de 1997 y que estableció la jurisprudencia sobre la que la mayoría de las sentencias posteriores se han basado para condenar a funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español por torturas. Sin embargo, este dramático fenómeno, que erosiona los fundamentos del Estado de Derecho, sigue engrosando su negra historia gracias a la falta de voluntad del propio Estado español para cortarla de raíz, como han denunciado repetidamente las más altas instancias internacionales, como el Tribunal de Estrasburgo o la ONU, además de organizaciones como Amnistía Internacional o instituciones como el propio Ararteko.

Según los datos presentados el pasado junio por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) en el resumen del año 2009, en el Estado español se presentaron un total de 242 denuncias por abusos cometidos en dependencias policiales o durante su detención, como el tribunal asegura ahora que sucedió con Igor Portu y Mattin Sarasola.

La CPDT, integrada por medio centenar de asociaciones de distinta índole -entre ellas las vascas Torturaren Aurkako Taldea, Gurasoak y Salhaketa- explica, además, que en este informe no se recogen todas las denuncias, ya que muchas no se interponen por miedo a sufrir represalias o por la poca fe de los agredidos en las garantías del Estado. En lo que respecta a Alaba, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra, la coordinadora certifica que 104 ciudadanos participaron en la denuncia de 29 casos el año pasado.

El Ministerio del Interior siempre ha achacado el volumen de denuncias a una presunta consigna dictada por ETA por la que sus integrantes estarían obligados a denunciar haber sido torturados por sistema. El arma se vuelve así de doble filo cuestionando la credibilidad de todas las denuncias. Sin embargo, la Justicia ha puesto en duda en varias ocasiones la validez de esta doctrina. La última, en la sentencia conocida ayer.

Otro de los elementos que relativizan la credibilidad de las denuncias de estos casos radica en la propia existencia legal del periodo de incomunicación: un máximo de cinco días en los que el detenido está en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sin siquiera derecho a consultar con sus abogados defensores. Según han denunciado todas las instituciones y organismos anteriormente citados, este constituye el mayor "espacio opaco" del sistema español ya que, además de posibilitar la comisión de malos tratos, ofrece un cierto margen a los agresores para que desaparezcan las marcas provocadas en los agredidos antes de que les examine el médico forense correspondiente. Basta una frase que dijeron los agentes ahora condenados a uno de los detenidos mientras cometían los primeros abusos sobre él, que queda incluida en el resumen de "hechos probados" que recoge esta última sentencia, para entender el riesgo que proyecta esta práctica: "Estos son los primeros veinte minutos; tenemos cinco días para hacer contigo lo que queramos". El sistema español "permite la ocurrencia de torturas o malos tratos en particular en el caso de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas", afirmó con toda claridad el relator de Derechos Humanos de la ONU tras su última visita.

falta de voluntad Pese a todo, el Estado no parece dispuesto a coger el toro por los cuernos. El Tribunal de Estrasburgo resumió en una sentencia crítica con la Justicia española que las investigaciones por delitos de torturas no alcanzan "la profundidad necesaria". Eso en los casos en que se ponen en marcha, ya que muchas de las denuncias se archivan automáticamente -una de cada tres según datos de 2004-.

La falta de un castigo proporcionado para quienes agreden a sus conciudadanos cuando deberían ser los garantes de sus derechos, además de los indultos que se suelen conceder a los pocos que pagan con la cárcel por haberse tomado la justicia por su mano -el popular Ángel Acebes indultó de una tacada a 14 agentes condenados por torturas- son algunos de los factores que contribuyen a que se sigan produciendo estos hechos.