SAN SEBASTIÁN. Penúltimo trámite. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Madrid contra la sentencia, dictada por dicho tribunal, que condenó al Estado español por la aplicar la denominada doctrina Parot a la activista de ETA Inés del Río. A Estrasburgo, por tanto, solo le resta dictar una sentencia definitiva -no hay más posibilidades de recurso- para zanjar la cuestión dilucidando la validez legal -o no- de esta fórmula legal.
Así lo dio a conocer la sala de apelaciones del TEDH, haciéndose de eco de la decisión adoptada por los cinco magistrados encargados de las admisiones en la reunión del pasado lunes. La doctrina Parot, fijada por el Tribunal Supremo en 2006 y avalada por el Constitucional el pasado mes de marzo, establece que la reducción de penas de prisión por trabajo -un día por cada dos jornadas de trabajo- ha de aplicarse no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, fijado en 30 años, sino sobre cada una de las condenas individualmente. El objetivo, en cualquier caso, era aumentar el periodo de permanencia en prisión de los presos de ETA.
El tribunal europeo condenó, el pasado mes de julio, al Estado español por la aplicación de dicha fórmula legal, al considerar que había vulnerado los derechos de la reclusa. El argumento principal esgrimido por el TEDH era que no se puede aplicar un cambio jurisprudencial del año 2006 -año en el que el TS estableció la fórmula- a quien ya estaba cumpliendo su condena conforme a otros criterios -principio de irretroactividad-. Los magistrados, además de la puesta en libertad de Del Río, decretaron una indemnización de 30.000 euros en favor de la reclusa y a pagar por el Ejecutivo español.
El fallo judicial cayó como un jarro de agua fría en Madrid, que se negó a excarcelar a la miembro de la organización armada -el carácter no definitivo de la sentencia se lo permitía- y anunció recurso, que finalmente interpondría el pasado 4 de octubre por medio de la Abogacía del Estado. El escrito del Gobierno que preside Mariano Rajoy sostiene que el principio de irretroactividad que el TEDH entiende vulnerado no es aplicable a la forma de ejecutar las penas, puesto que éstas estarían "dentro del margen de la política penitenciaria de cada Estado".
De la decisión que adopte con Del Río dependen también el resto de reclusos de ETA -más de 60- a los que les ha sido aplicada la doctrina Parot y que, a raíz de ello, siguen presos en diversas cárceles del Estado español. De hecho, los abogados de otros 20 internos presentaron la semana pasado sus correspondientes recursos ante el tribunal europeo, expedientes cuya resolución dependerá de lo que Estrasburgo decida en torno a Del Río.
REACCIONES La admisión a trámite de su recurso fue acogida con alborozo en el seno del Gobierno español, que se mostró optimista de cara a que el TEDH cambie de parecer y de luz verde a la aplicación de esta fórmula legal. "Esta es una muy buena noticia", se felicitó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien explicó que es "absolutamente excepcional" que los magistrados europeos acepten revisar sus fallos, ya que ocurre en menos del 5% de los casos. Además, "el porcentaje de asuntos admitidos y luego estimados es muy alto".
Desde el Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, también acogió con entusiasmo la noticia, y se mostró convencido de que la nueva sentencia dejará claro que los tribunales españoles son respetuosos con los derechos humanos. Asimismo, reivindicó para su Ejecutivo y para la Justicia estatal la competencia exclusiva para determinar su política penitenciaria, rechazando injerencias externas como la del TEDH -aunque no se refirió expresamente a este órgano-, que además les acusó de violar derechos humanos. "Es una cosa que, en nuestra democracia de derecho, no podíamos aceptar", zanjó.
La plataforma de apoyo a presos Herrira, por su parte, hizo hincapié en que la mera admisión a trámite "no implica de ninguna manera que el Tribunal no comparta la sentencia contraria a la doctrina 197/2006 -doctrina Parot- dictaminada el pasado mes de julio". En un comunicado, confió en que el TEDH confirme la decisión de julio, criticó al Estado español por, a su juicio, estar intentado alargar las vulneraciones a reclusos, y pidió "cerrar el recorrido" de la doctrina Parot.