La instrucción destapa las desvergüenzas de Can

TAL vez el Tribunal Supremo nunca llegue a condenar a los Cuatro de la Permanente. Es posible que cierre la instrucción sin apreciar delito. E incluso puede que ni siquiera vea causa para continuar la instrucción. De hecho, es la hipótesis que maneja Yolanda Barcina, convencida como está de que al final en el Alto Tribunal "se pondrá de manifiesto la verdad". "Se pondrá pronto de manifiesto mi inocencia y mi honestidad", subrayó ayer. Es la baza que ahora juega la presidenta, consciente del desgaste social y político que le ha propiciado un escándalo que ha ido creciendo de forma inexorable hasta dejarla al borde la imputación por un presunto delito de cohecho. Ahí es nada.

Un complejo escenario con el que debe lidiar una presidenta del Gobierno en minoría, sin margen económico para hacer frente a la crisis y con una oposición que de forma unánime ayer le reclamó la dimisión. Solo la ambigüedad del PSN le permite continuar en el Palacio de Navarra. Y esa es una buena noticia para la presidenta, que de momento gana tiempo confiada en una salida digna del embrollo judicial en el que han acabado enrocados los principales dirigentes de UPN.

"La justicia ni ha empezado a actuar", subrayó ayer la presidenta, restando valor al trabajo realizada desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, foco de atención política y mediática desde que la instructora decidió remangarse y bajar a los sótanos de Caja Navarra para investigar el lucrativo sistema de retribuciones que mutuamente se fijaron directivos y consejeros de la entidad durante los años de bonanza.

Una instrucción tan rápida como meticulosa que ha sacado a la luz todas las desvergüenzas del sistema de sobresueldos de Caja Navarra. Sesiones opacas y sin contenido, dobles primas, ausencia de control y apoyo explícito a una gestión que ha acabado hundiendo la que durante casi un siglo fue la principal entidad de la comunidad, hoy huérfana de apoyo financiero por mucho que La Caixa sea generosa ahora con su obra social.

Si esa entidad era pública o privada, y si los miembros de la Permanente cobraban por su condición de función pública lo deberá decidir ahora un juez del Supremo. Tal vez acierte Barcina, y el nuevo instructor no vea delito ni irregularidades. Pero el escándalo también ha puesto en evidencia que mintió cuando dijo que cobraba menos que en la UPNA, y que percibió ingentes sobresueldos en Can mientras aplicaba recortes y pedía un esfuerzo a la sociedad. Y eso es algo que ninguna sentencia podrá tapar. Por más que le pese a la presidenta.