pamplona. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha accedido a la propuesta formulada por Prisiones de conceder la libertad condicional para el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y asesinato a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, según el auto del magistrado José Luis Castro.
Los cadáveres de Lasa y Zabala, secuestrados en Bayona por los GAL en 1983, fueron encontrados años después en una localidad de Alicante donde habían sido asesinados y enterrados usando cal viva para descomponer los cuerpos y dificultar así su identificación.
El 16 de diciembre de 1998, Rodríguez Galindo prestó declaración en el juicio del caso Lasa y Zabala, jurando por Dios y por su honor que "nunca" ordenó "ni el secuestro, ni las torturas, ni el asesinato" de los presuntos etarras. Finalmente, el 26 de abril de 2000, la Audiencia Nacional le condenó a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras.
El tribunal condenó también a 71 años al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, así como a 69 años al teniente coronel Ángel Vaquero, y a 67 años y 8 meses a los exagentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo.
La sentencia les obligó además al pago, conjunta y solidariamente, de una indemnización de 25 millones de pesetas a las familias de cada una de las víctimas, pero les absolvió de los delitos de banda armada, lesiones y torturas. El 25 de julio de 2001, el Supremo aumentó en cuatro años las penas de cárcel impuesta, y el 2 de abril de 2002, el general perdió oficialmente su condición de miembro de la Guardia Civil. El 22 de julio de ese mismo año, el Tribunal Constitucional confirmó la pena de 75 años impuesta al Rodríguez Galindo, así como al resto de los condenados. El 20 de diciembre de 2002, el Supremo rechazó la petición de indulto total para el general dada "la extraordinaria gravedad de los hechos y consecuentemente de las penas impuestas".
4 años y 4 meses en la cárcel Definitivamente Galindo, que actualmente tiene 74 años de edad, tan sólo habrá cumplido por este crimen un total de 4 años y cuatro meses en la cárcel, siendo el periodo más largo el que estuvo entre mayo del año 2000 (tras ser condenado por la Audiencia Nacional) y septiembre de 2004 cuando fue excarcelado por motivos de salud y trasladado a su domicilio donde siguió cumpliendo su condena bajo vigilancia policial. El exgeneral sufre una dolencia cardiovascular que obligó en varias ocasiones su traslado a un hospital.Tras concederle el tercer grado penitenciario en enero de 2005, Galindo recibe ahora la concesión de la libertad condicional propuesta por el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) del que depende oficialmente una vez cumplidas las tres cuartas partes de su condena (descontadas las redenciones).
"El penado ha cumplido las tres cuartas partes de la condena el 30 de septiembre de 2013, está clasificado en tercer grado, observa buena conducta y existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la Junta de Tratamiento (de Zuera) por lo que concurren los requisitos objetivos y subjetivos mínimos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad", justifica el juez en su auto tras contar con el visto bueno de la Fiscalía.
Se trata del mismo magistrado que concedió hace un año la libertad condicional para el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga y, como en el caso del secuestrador de Ortega Lara, Rodríguez Galindo también tendrá que cumplir una serie de requisitos esta libertad condicional.
condiciones Según el auto, "deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que designe y acepte la custodia", tendrá la "obligación de residir en el lugar que designe y de fijar domicilio debiendo comunicar al Juzgado cualquier cambio de residencia (ciudad o pueblo donde viva) o domicilio (inmueble concreto, calle o plaza)". Además deberá someterse al seguimiento por parte de los servicios sociales penitenciarios.
Esta resolución, dictada el pasado 30 de septiembre, es firme desde anoche al transcurrir cinco días hábiles sin que ninguna de las partes haya presentado recurso.