AL al margen de los reclusos de ETA, quedarán excarcelados 14 presos condenados por asesinatos, agresiones sexuales y otros delitos comunes especialmente graves. El cese de la violencia y el proceso de pacificación neutraliza el supuesto peligro que ocasionará la libertad de los miembros de la banda armada. Sin embargo, en el segundo caso afloran las dudas acerca del éxito de la resocialización a la que en teoría han sido sometidos personas que, algunas de ellas, cobraron además una potente carga mediática.

Entre ellos se halla Miquel Ricart Tárrega, único condenado en 1997 por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser (Valencia), cometido cinco años antes, amén de cuatro delitos continuados de violación. En la lista también se encuentra Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor, natural de Valladolid y que arrastraba la muerte de dos mujeres, la violación de otras diez y la agresión sexual de tres más. Fue detenido en 1992 y condenado a 273 años de prisión.

A ellos se une Pedro Manuel García Ribado, uno de los dos violadores del portal -el otro era Antonio Barroso-, a quien en 1996 la Audiencia de Madrid le impuso la estratosférica cifra de 1.721 años de cárcel por 51 violaciones.

Además, serán igualmente excarcelados Jesús Vela Martínez y Manuel Lorenzo Vázquez, dos policías nacionales con numerosos expedientes abiertos por la Brigada de Asuntos Internos, y que en 1994 asesinaron en Nigrán (Pontevedra) al empresario del sector de la piedra David Fernández Grande, a su mujer, a su hija y a una empleada del hogar después de secuestrarlos.

Joaquín Villalón Díez, apodado el asesino señorito, en 1981 estranguló y descuartizó a su amante, a la que había dejado embarazada, crimen por el que le echaron 17 años de cárcel; entre septiembre y octubre de 1992, cuando estaba en régimen abierto, mató y robó a dos mujeres transexuales, estableciéndose su salida del centro penitenciario en 2022. Figuran también Arturo Abal Iglesias, condenado a 96 años de cárcel por seis violaciones; Habit Diop Seydi, a 38 años y diez meses por dos violaciones; José Sánchez Sánchez, a 61 años y diez meses por agresión sexual y varios robos con violencia; Pedro José Romero Hernández, condenado a 32 años y dos meses por tres delitos de detención ilegal y un robo con violación; Abel de Jesús Vázquez García, a 50 años por asesinato y tenencia ilícita de armas; Pedro Antonio Seco Martínez, a 90 años por tres asesinatos; Manuel Mallo Martínez; condenado a 44 años por asesinato, y Juan Manuel Valentín Tejero, que secuestró, violó y mató a la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid). El Gobierno es consciente de que no puede establecer ningún tipo de vigilancia a estos reos una vez ya hagan vida normal.

El magistrado Joaquim Bosch argumenta que "no se pueden limitar los derechos de una persona que ya ha saldado su pena por el mero hecho de que existan sospechas sobre la posibilidad de que vuelvan a actuar. Para una labor de prevención ya existen las Fuerzas de Seguridad del Estado".