Las fiestas de Estella-Lizarra tradicionalmente se han caracterizado por el buen ambiente en general, siete días donde las vecinas y vecinos de nuestra localidad llenan las calles con conversaciones, alegría, algún que otro malestar por exceso de ingesta y, porque no decirlo, alguna que otra bronca motivada por el “mal vino”.
En la fiesta siempre ha habido un lugar para la reivindicación, siempre pacífica, y las instituciones han jugado un lugar importante para que esto fuera así. Diferentes ayuntamientos de diferente color político han garantizado que esto ocurriese.
Pero en 2023, algo se quebró. Al actual equipo de gobierno no le gusta la pluralidad. Todos y todas fuimos testigos de la brutalidad con la que el jefe de la Policía Municipal se abalanzó contra una concejala de EH Bildu por el mero hecho de intentar sacar una ikurriña durante su turno de lanzamiento, ikurriña que ha estado en el balcón del Ayuntamiento de forma oficial o extraoficial incluso en tiempos en que era ilegal, por entender los diferentes gobiernos municipales que esta bandera representaba a una parte importante de la población.
Un equipo de gobierno tiene la legitimidad y la obligación de tomar decisiones, que pueden ser más o menos acertadas o te pueden gustar más o menos, pero lo que nunca debe hacer es tomar decisiones en la que se excluye a parte de la ciudadanía porque no le gusta la actividad que realizan. Ahí es donde se rompe la convivencia y se crean problemas donde no los hay.
La negativa dada a la peña La Bota para la instalación de su barraca en la plaza Santiago y el injustificado desplazamiento de las txoznas del lugar donde había sido parte de la fiesta desde mediados de los años 90 son decisiones políticas que se toman para acallar o invisibilizar todo aquello que no es del agrado de este equipo de gobierno. Las txoznas llevan en la misma ubicación con gobiernos de todos colores, y jamás han creado problemas de convivencia.
El alejamiento de las txoznas quiso ser justificado diciendo que era un espacio donde se bebía alcohol y que había menores cerca, cuando en el propio recinto ferial hay establecimientos hosteleros y, peor aún, se incumplen las leyes sobre los menores y el juego. Y también adujeron que se hacía competencia desleal a la hostelería… Pero ¿qué decisiones tomaron para llenar ese espacio? Poner food trucks; es decir, furgonetas donde se dispensa bebida y comida, por lo que fue más evidente que esas decisiones fueron tomadas por una motivación política.
Lo ocurrido este 24 de mayo es un ejemplo de todo lo que no debe ocurrir. Vamos a recordar que 27 jóvenes van a tener que declarar por unos incidentes que no ocurrieron, y que el malestar derivado de ese proceso impulsó a un joven a actuar de una forma que en otra situación no se hubiera producido.
El equipo de gobierno actual mintió a la ciudadanía cuando la alcaldesa afirmó el 31 de marzo que designaba abogado y procurador durante el proceso a los 27 con el único interés de recabar información. Y digo que mintió porque luego nos enteramos, por boca del propio abogado —pagado con el dinero de todos los estellicas—, de que el Ayuntamiento, en una decisión tomada mediante decreto de Alcaldía, se personaba como acusación.
Si de verdad queremos convivencia, es prioritario que este Ayuntamiento no excluya a parte de la ciudadanía por no compartir sus argumentos y que retire todas las personaciones judiciales contra vecinas y vecinos de nuestra localidad por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y, sobre todo, es necesario que reconsidere el modelo de convivencia que ha desarrollado durante estos dos años de legislatura.
*El autor es Concejal de EH Bildu en Estella-Lizarra
