madrid - La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha advertido a una defensora de presos de ETA, detenida en el marco de la operación de Mate contra el entramado de abogados de la organización armada, que su “presunta vinculación con actividades” relacionadas con la banda “produce una situación de riesgo” para su hija de dos años y medio.
La abogada, Haizea Ziluaga, que debía representar a seis acusados en el juicio pendiente contra 35 miembros de Batasuna, EHAK y ANV, presentó el pasado jueves su renuncia a defender a sus clientes y alegó que su arresto durante dos días “ha afectado a su hija” lo que le impide “compatibilizar” la atención a la niña con la vista oral.
Su intención de apartarse ha provocado un nuevo retraso en el inicio del procedimiento que ya se aplazó el primer día señalado para su inicio a consecuencia de la operación de la Guardia Civil que derivó en la detención de doce abogados y cuatro miembros de la suspendida Herrira -organización de apoyo a los presos de ETA-, tres de los cuales fueron finalmente enviados a prisión por el juez.
El tribunal, presidido por la juez Concepción Espejel, pidió a las partes que se pronunciaran sobre la petición de Ziluaga y otra posterior, en este caso de los acusados, que han solicitado también que no sea ella quien les defienda.
El Ministerio Público pone en duda la postura de la abogada e indica que la “pretendida afectación de la niña” por la detención de la letrada “no está demostrada” ya que no hay dictamen médico que la acredite. “No resulta verosímil que una menor de dos años haya tenido conocimiento del hecho de la detención por medios distintos a los de sus progenitores”, dice el fiscal. Y añade: “Lo que produce una situación de riesgo para la menor no sería, por tanto, la acción judicial o de la Guardia Civil, sino que de acreditarse los hechos indiciariamente apreciados sería la presunta vinculación de la abogada con actividades vinculadas a organización terrorista”, dice el escrito. “Que la letrada se tenía que enfrentar a un juicio de varios meses de duración y que tiene una hija menor de edad ya era un hecho cierto y conocido cuando aceptó la defensa y debía de tenerlo suficientemente previsto”, añade.
La Fiscalía también se refiere a una segunda alegación expuesta por la abogada, que asegura que “sus cuentas bancarias han sido bloqueadas en el procedimiento penal en el que ha sido detenida” y no puede hacer frente a los gastos de la defensa. En este caso, el fiscal apostilla que esta carencia de dinero “puede remediarse” si sus clientes aportan la documentación de las provisiones de fondos que hayan hecho para afrontar el juicio y que, mediante la petición oportuna, serán restituidos si no tienen relación con el delito investigado, integración en organización terrorista. - E.P.
