BILBAO - La puesta ayer en libertad de Valentín Lasarte desembocó en una repuesta airada por parte del Gobierno español y del PP, que aprovecharon la salida de prisión del miembro de la vía Nanclares para reafirmarse en su postura de llevar al nuevo Código Penal la prisión permanente revisable para los presos de ETA. Tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable de Justicia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, mostraron su contrariedad por la puesta en libertad de quien fuera miembro de ETA. Lasarte, que ha cumplido 19 años de prisión, salió de la cárcel alavesa de Zaballa a primeras horas de la mañana. A la salida del centro penitenciario le esperaba su pareja, y ambos abandonaron el recinto en un vehículo conducido por una tercera persona. Condenado a 400 años por su participación en una decena de atentados, Lasarte quedó en libertad después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobara el pasado 27 de febrero su licenciamiento al descontarle de la condena total las redenciones penitenciarias extraordinarias.
La puesta en libertad de uno de los reclusos considerados como referente de la vía Nanclares -fue de los primeros en desvincularse de ETA y ha participado en encuentros con víctimas- fue acogida con “perplejidad” por parte del ministro español de Justicia, para quien la inclusión de la prisión permanente revisable en el nuevo Código Penal evitaría este tipo de condenas -la sufrida por Lasarte-, que calificó como “tibia”.
A juicio del responsable de Justicia, la prisión permanente revisable es una fórmula que existe en todos los países europeos, “coherente con los tratados internacionales y que aquí se sigue cuestionando”.
En parecidos términos se expresó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien fue más allá y se cuestionó la decisión adoptada en su día por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo al derogar la aplicación de la doctrina Parot. A juicio del responsable español de Interior, la decisión adoptada por el tribunal de Estrasburgo fue “profundamente injusta”, aunque insistió en que desde el Gobierno del PP “se acató porque era su deber”.
