La infanta reclamará en la primera sesión del juicio por el ‘Caso Nóos’ ser exculpada

madrid - El juicio a la infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y otros 16 acusados por el caso Nóos empezará el próximo 11 de enero con la hermana del Rey sentada en el banquillo y está previsto que se prolongue durante varios meses. La Audiencia de Palma anunció la fecha de inicio de la vista oral, que no se celebrará en la sede de la Audiencia, sino en una sala habilitada en las dependencias del Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), en el Polígono de Son Rossinyol del extrarradio de Palma, donde ya han tenido lugar otros macrojuicios. La defensa de la infanta Cristina pedirá como cuestión previa en el juicio del caso Nóos que la Audiencia de Palma la exculpe de forma inmediata de los dos delitos fiscales de los que está acusada y, de esa forma, evitarse el resto de sesiones.

La infanta se enfrenta a una petición de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros como presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusa a Urdangarin por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. Urdangarin está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales por utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid, y afronta una petición de condena de entre 19 años y medio y 26 años y medio.

vista previa Como paso previo, la misma sala acogerá el próximo 23 de octubre una vista para fijar el número de sesiones que tendrá el juicio a la que están citados el fiscal y los abogados, pero no los acusados. En esta vista previa de ordenación, los letrados deberán comparecer con la justificación de los juicios que tengan señalados con antelación al de Nóos que se celebren entre enero y julio de 2016. Al inicio del juicio, en las cuestiones previas, será cuando la defensa de la infanta pueda plantear su alegación de falta de legitimidad de la acusación popular ejercida por Manos Limpias para sentar en el banquillo a la hermana del Rey (la llamada doctrina Botín), puesto que la Audiencia rechazó en junio resolver la cuestión antes de la vista.

El tribunal decidió el lunes los testigos que declararán en el juicio, 363, así como los peritos, 21, según ha fijado en un auto sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas para el acto de juicio, contra el cual no cabe recurso. Entre los testigos rechazados figura el Rey Felipe VI, que no declarará como había pedido la defensa de Diego Torres, el que fuera socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, porque así lo acordó la sala por imperativo legal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece expresamente que “el Rey está dispensado de la obligación de prestar declaración”, dice.

Quienes sí comparecerán ante el tribunal para declarar como testigos serán los exjefes de la Casa Real Fernando Almansa y Alberto Aza; así como el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, Rodrigo Rato, y el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. También el que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga, que estuvo imputado en el caso, y el ex asesor jurídico de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, así como el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberà. Otros testigos serán la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y el exsecretario de Estado de Deportes Jaime Lissavetzki. - Efe/E.P.

473

Testigos

De los 689 testigos que había pedido la defensa de Torres, la Audiencia no ha admitido a 473, entre los que figuraban los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Pilar de Borbón, Jaime de Marichalar y la princesa Corina Sayn-Wittgenstein.

6,2

Millones

El juicio determinará las responsabilidades por la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.