El Estado mantiene el recurso por el IVA de VW cinco meses después de renovar el Convenio

Pamplona - Cinco meses después de la aprobación de la modificación del Convenio Economía en la que el Gobierno de Navarra y el Gobierno acordaron el final del conflicto de competencias por los cobros del IVA de Volkswagen, y ocho después de que se anunciara públicamente el acuerdo, el Estado mantiene en el Tribunal Supremo el recurso por el que reclama a la Comunidad Foral 1.513 millones. Lo que debía ser un formalismo técnico se ha prolongado más de lo previsto, y aunque la causa se mantiene en suspenso desde hace más de un año, ha empezado a generar cierta preocupación en el nuevo Gobierno de Navarra.

A la incertidumbre se añade que el acta de la comisión coordinadora del Convenio que no llegó a materializarse el pasado 16 de julio y en la que el Estado se compromete a retirar el recurso, continúa sin firmarse. El documento recoge, a propuesta de la representación de Navarra, el compromiso de la Administración central de dar marcha atrás en el proceso judicial, y concreta además varias liquidaciones pendientes, con un coste de 72 millones para Navarra, pero que todavía están pendientes de ejecutar.

El nuevo Gobierno foral da por bueno el compromiso verbal adquirido por ambas administraciones, y aunque dice no dudar de su cumplimiento, admite cierta preocupación por que la posición técnica adoptada en el seno de la comisión de coordinación pueda ser revisada, por parte de la representación estatal, tras las próximas elecciones generales en un contexto en el que el Convenio Económico puede convertirse en ariete de campaña. Es por ello que para la Hacienda Foral se ha vuelto prioritario cerrar cuanto antes este asunto, y que el Estado retire formalmente el recurso antes del 20 de diciembre, relegando para después de las elecciones la actualización del Convenio que debe fijar las relaciones económicas entre Navarra y el Estado para los años 2015-2019.

Es el verdadero reto que tiene la Comunidad Foral, que durante los años de la crisis y pese a la caída de la recaudación ha visto cómo ha ido aumentando la aportación al Estado. De hecho, la revisión de los componentes que integran el cálculo de la aportación y la actualización los ajustes fiscales a la nueva realidad económica, vitales para la estabilidad económica de la comunidad, ya se han visto retrasadas por la complejidad del conflicto por el IVA de Volkswagen, que prácticamente monopolizó toda la relación bilateral entre Navarra y Estado durante la pasada legislatura.

el conflicto institucional La polémica se remonta a 2011, cuando una inspección de la Agencia tributaria a Volkswagen en Barcelona desveló, según el Estado, un opaco proceder en la aplicación del IVA muy beneficioso para la Comunidad Foral. Ante la falta de un acuerdo compensatorio el Estado decidió recurrir a los tribunales para reclamar 1.513 millones de euros, poniendo en riesgo la viabilidad de la Administración Foral.

Finalmente, la tensión política quedó zanjada con un acuerdo de trasfondo electoral anunciado pasado el 21 de enero. El Estado, que previamente había dejado en suspenso el recurso para facilitar la negociación, retiraría la demanda sin coste alguno para Navarra. El acuerdo debía quedar refrendado en un cambio en la redacción del Convenio Económico que, de acuerdo con el procedimiento previsto para su modificación, debía ser ratificado por los parlamentos foral y estatal, como finalmente ocurrió.

La nueva redacción introducía así una disposición adicional que contempla mecanismos para resolver conflictos similares al producido por las exportaciones de Volkswagen sin acudir a la vía contencioso administrativa. Dicha disposición afecta a los conflictos que superen los 600 millones de euros, que no hayan podido resolverse por los órganos bilaterales existentes y que no impliquen conductas sancionables de los contribuyentes. Una redacción a medida que pretende dejar sin argumentos al Estado para llevar a Navarra a los tribunales, por lo que la demanda no tendría ya fundamento ni recorrido. Pero esa es una hipótesis político-juridica que Navarra prefiere no dejar a la interpretación del Gobierno central o el tribunal de turno.

El conflicto fiscal

1994. Volkswagen dota de autonomía a la factoría de Landaben y comienza a comercializar sus vehículos mediante una filial, Vaesa, con sede en Barcelona. De esta forma, VW paga en Navarra el IVA y Vaesa recibe del Estado la devolución correspondiente a las exportaciones. El mecanismo queda compensado por el flujo fiscal global pactado con el Estado en el Convenio. Durante más de 17 años el sistema funcionó sin que fuera denunciado o cuestionado y estuvo refrendado en cuanto a sus resultados por la Comisión Coordinadora.

2011. Una inspección de la Agencia Tributaria invalida el sistema y reclama a Navarra el IVA correspondiente a los ejercicios no prescritos (2007-2011), y que cifra en 1.513 millones. La disputa se deriva a la Junta Arbitral.

2012. Para evitar que el cambio de Volkswagen afecte a Navarra, los gobiernos central y foral pactan un nuevo método de cálculo de sus ajustes fiscales. Este limita el impacto negativo para la Comunidad Foral a 25 millones anuales entre 2012 y 2014. El acuerdo se mantiene prorrogado de manera indefinida hasta que se establezcan los nuevos ajustes del actual quinquenio 2015-2019. UPyD lo lleva ante la Audiencia Nacional por considerarlo un “rescate encubierto”.

2014. La Junta Arbitral del Convenio decide que Navarra tiene razón en su contencioso con la Agencia Tributaria estatal sobre los años no prescritos

(2007-2011). El Estado anuncia un recurso al Supremo. El PP plantea que Navarra asuma sus tesis y afronte la devolución de 100 millones, 25 por cada año no prescrito (2007-2011). Los partidos navarros lo rechazan.

2015. El 23 de enero la Audiencia Nacional desestima el recurso de UPyD por entender que el partido político no tiene legitimidad para plantear la demanda. Una semana después el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia que el Estado renuncia a reclamar a Navarra los 1.513 millones denunciados ante el Supremo. Lo hace mediante una renovación del Convenio Económico que cierra la vía para la demanda económica, pero deja una nueva redacción ambigua en lo referente a la capacidad de Navarra para definir impuestos propios, algo que podrá hacer “sin perjuicio de los dispuesto en la legislación general del Estado”. Posteriormente se modificó la Ley de Financiación de las CCAA para preservar la autonomía de Navarra. La retirada del recurso ante el Supremo no se ha formalizado.