Condena a la violencia policial del 1-O en el Consejo Europeo

pamplona - La condena a la violencia, la necesidad del diálogo y el respeto a la ley centraron el debate que tuvo lugar ayer en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa respecto a la necesidad de encontrar una solución política para la crisis en Catalunya. La organización paneuropea Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se mostró, no obstante, dividida sobre si se necesita una mediación internacional ante el desafío secesionista catalán.

El recientemente nombrado presidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Hendrik Daems, señaló que la libertad de expresión y de reunión es “incompatible” con la “violencia” que observaron el pasado 1 de octubre y lamentó que “ni Rajoy ni el Rey” hayan hecho referencias sobre lo ocurrido.

El italiano Sergio Divina, de la Liga Norte, criticó la “errónea y desproporcionada” reacción del Gobierno español, que a su juicio “se opone a cualquier regla democrática”, del mismo modo que también lo hizo el político alemán de Die Linke Andrej Hunko.

También hubo voces discordantes con la idoneidad de aplicar el Artículo 155 de la Constitución, como la de Petra de Sutter, del Grupo Socialista, quien señaló que aplicarlo “es lo peor que puede ocurrir”. Asimismo, hubo peticiones relacionadas con el derecho a decidir. “La posible salida es enmendar la Constitución para permitir el referéndum. La ley es importante, pero la participación ciudadana lo es más”, dijo Sutter, quien se mostró a favor de una “mediación”, al igual que el también socialista Manuel Tornare, que avisó de las “derivas peligrosas” a las que puede llevar la situación. “Está en peligro el futuro de la península Ibérica y de Europa”, dijo.

En esta línea, el británico Roger Gale, del Grupo Conservador, se mostró “convencido” de que “el pueblo catalán tiene derecho a que se escuche su voz”, al igual que ocurrió con los escoceses en Reino Unido. Del mismo modo, el canadiense Scott Simms recordó el ejemplo de Quebec y el referéndum con el que “muchos problemas” de este territorio se resolvieron.

Los cuatro parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos, por el contrario, destacaron e la “ilegalidad” del referéndum. Los diputados catalán Jordi Xuclà (PdCat) y vasco Jokin Bildarratz (PNV, nacionalistas), por su parte, opinaron que “han faltado soluciones políticas por parte del Gobierno”.

El diputado de la Liga Norte italiana Sergio Divina, criticó al Gobierno español por “falta de madurez política” a su juicio, mientras que el socialista suizo Manuel Tornare opinó que “Madrid ha mantenido un enfoque religioso, casi teológico de la Constitución” y su compatriota, la popular suiza Elisabeth Schneider-Schneiter estimó que “el modelo federal de su país puede ser útil para Cataluña”.

El Gobierno cree que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, niega que proclamara la independencia de Catalunya, el Ejecutivo no activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución y se volvería al escenario previo al pleno del Parlament que aprobó la ley del referéndum.

Fuentes del Gobierno asistentes a la recepción del día de la Fiesta Nacional ofrecida por los Reyes en el Palacio Real subrayaron que, en su respuesta al requerimiento enviado por el Ejecutivo, Puigdemont tiene una última oportunidad de “dejar de jugar con todo el mundo”, pero precisaron que ni el propio presidente de la Generalitat sabe aún cuál va a ser su respuesta. - D.N.

Huelga general. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aseguró ayer que no descarta “en ningún caso” convocar un nuevo “paro de país” si “no se respeta la voluntad del pueblo” catalán manifestada el 1-O. el dirigente soberanista consideró que paros generales como el vivido el 3 de octubre “son instrumentos para presionar a los gobiernos que no respetan las decisiones mayoritarias