pamplona - La familia de Francisco Franco quiere enterrar al dictador en la cripta de la catedral de La Almudena si el Gobierno español exhuma sus restos del Valle de los Caídos, según las alegaciones que han presentado al Real Decreto del Ejecutivo, aprobado por el Congreso. La familia de Franco insta a que, si se lleva a cabo la exhumación, se les entregue “de forma inmediata” el féretro con su cadáver en la basílica del Valle de los Caídos, para que, tras las honras fúnebres y oficios religiosos, se proceda a darle sepultura en la cripta de la Almudena.
Es en esta misma cripta se encuentra “un panteón de la familia Franco” y está enterrada la hija del dictador, Carmen Franco.
Esta alternativa fue cuestionada ayer desde distintos ámbitos porque esta catedral madrileña es el lugar habitual para los funerales de Estado y, además, es un lugar muy transitado y puede generar problemas de orden público si hay peregrinaciones ultras. PSOE y Podemos evitaron la polémica y se dieron por satisfechos con que la familia se haga cargo, siempre y cuando no haya humillación a las víctimas.
En el escrito de alegaciones que la familia registró el viernes en el Ministerio de Justicia plantean hasta doce motivos que, a su juicio, justifican la paralización de la exhumación. Aseguran que el decreto “no cumple” los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad”; y que implicaría una “apropiación indebida” del derecho de disposición sobre dicho cadáver y “vulnera claramente el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar”.
quejas de la familia Los familiares señalan que el derecho fundamental a recibir sepultura de acuerdo a sus convicciones religiosas está directamente relacionado con el de no ser “removido o privado de la misma por motivos que no sean de orden público”. “Se viola este derecho al no existir justificación alguna de orden público que justifique dicha medida y haber sido promovida desde el Gobierno actual por motivos exclusivamente ideológicos y con la intención no velada de vejar y humillar en su cadáver a la figura histórica”, apuntan. Además, las alegaciones presentadas reflejan que el Gobierno Sánchez y la Administración General del Estado “carecen absolutamente de jurisdicción” en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, por lo que no puede proceder a la exhumación de cadáver alguno sin la autorización de la autoridad eclesiástica correspondiente.
La competencia en materia de sanidad mortuoria está, según la familia del dictador, conferida a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias propias de las entidades locales, por lo que el Real Decreto Ley, en cuanto se refiere a la exhumación de restos mortales, “invade competencias que no le son propias, vulnerando así el artículo 149.1.16 de la Constitución”.
Para la familia de Franco, el procedimiento “vulnera” la disposición adicional incluida en el Decreto del Gobierno al no haber tenido en cuenta “que existen muchos otros enterramientos en el Valle de los Caídos de personas que no fallecieron a consecuencia de la guerra”, y que, por tanto, la exhumación de Franco “debe efectuarse de forma simultánea a la de los demás inhumados que estén en su misma situación”. Por último, los abogados de la familia Franco consideran que “solo podrán ser exhumadas las personas cuyas familias hayan dado su visto bueno y siempre que lo permita la autoridad eclesiástica”. - D.N./E.P.