pamplona - La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó 5,5 millones de euros a Indra, una de las principales empresas implicadas en la trama Púnica, por un software que la empresa acabó no entregando por cuestiones técnicas, según justificó el Ejecutivo. Sin embargo, ese programa informático era necesario, por lo que el Gobierno regional recurrió a la Junta de Andalucía para utilizar una herramienta similar, que es la que se está usando finalmente, sumando así nuevos costes, informó eldiario.es
Este contrato fallido se adjudicó en mayo de 2010 y tiene como protagonistas a algunos de los principales actores implicados en la trama Púnica de presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid. El organismo público que asignó el trabajo por 15,8 millones de euros fue ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás y que dependía, a su vez, de la Vicepresidencia de Ignacio González. González ejercía entonces de mano derecha de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recordó el diario digital. González, Aguirre y Martínez Nicolás están imputados en la Audiencia Nacional por, presuntamente, desarrollar un esquema de financiación irregular del PP madrileño por el que Martínez Nicolás tenía el encargo de sus superiores de buscar empresas dispuestas a realizar pagos al partido una vez obtuvieran contratos públicos.
Entre las sociedades investigadas judicialmente está Indra (“parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”, según ha descrito el juez Manuel García Castellón). Esta empresa recibió en mayo de 2010 el contrato de 15,8 millones para desarrollar el software de gestión educativa Nexus que jamás culminó a pesar de cobrar un tercio del presupuesto. Cinco años después se cancelaría ese encargo.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican al esdiario.es que Indra no entregó el programa entero por cuestiones técnicas que hacían inviable el desarrollo del software, que la empresa entregó parte del material y que no fue penalizada por incumplir el contrato porque los problemas técnicos no eran su responsabilidad. También explicaron que el programa que finalmente se implementó en la educación madrileña por 2,2 millones de euros, basado en el que usa la Junta de Andalucía presidida entonces por el PSOE, es menos potente que el que se intentó desarrollar, lo cual explicaría la diferencia de gasto, que es de más de 13 millones de euros. - D.N.
