La oficina antifraude de la UE investiga a Frontex
La agencia que controla las fronteras habría permitido expulsiones en caliente en el mar Egeo
La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ha informado de una investigación abierta contra la agencia europea que controla la frontera exterior, Frontex, que ya está bajo el foco de la Defensora del Pueblo de la UE por su posible connivencia con expulsiones en caliente en el mar Egeo, para evitar que migrantes llegaran a Grecia desde Turquía.
Desde la oficina antifraude han confirmado el inicio de la investigación pero evitan dar más detalles sobre el fondo del caso para “proteger la confidencialidad” del mismo y “garantizar la protección de datos y derechos fundamentales” en caso de que las pesquisas tengan consecuencias legales.
Con todo, OLAF subrayó que el hecho de iniciar una investigación “no significa que las personas o entidades implicadas sean culpables de haber cometido un fraude” y afirma su pleno respeto de la presunción de inocencia de los investigados.
La agencia que controla la frontera exterior de la UE, por su parte, indicó que está “cooperando plenamente” con OLAF pero tampoco responde a desde cuándo está siendo investigada ni cuándo han recibido la visita de los agentes de OLAF en la sede de Frontex en Varsovia.
“OLAF ha pedido a Frontex no desvelar ningún detalle para no impedir el desarrollo de su trabajo”, explicó un portavoz, quien ha asegurado que las visitas de OLAF a las distintas agencias o instituciones europeas son una “práctica normal de buena gobernanza”.
Frontex está bajo el foco de la polémica desde hace varios meses, después de que un consorcio de medios de investigación europeos denunciaron su presunta complicidad en expulsiones irregulares de migrantes que trataban de llegar a Grecia a través del mar Egeo desde Turquía.
La propia Frontex inició en octubre una investigación interna para aclarar si agentes bajo su mando participaron en este tipo de devoluciones en caliente y, ya en noviembre, la Defensora del Pueblo de la UE abrió un expediente para pedir explicaciones al cuerpo europeo de guardacostas, al que demandantes de asilo expulsados acusan también de no aplicar el mecanismo de denuncia para verificar sus denuncias.
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