Un grupo de historiadores navarros han suscrito un escrito de apoyo al profesor e historiador Fernando Mikelarena, después de la querella interpuesta contra él por los presuntos delitos de injurias y calumnias graves por algunas referencias que ha realizado sobre Jaime del Burgo Torres, a quien se refiere en una publicación como "jefe de requetés". La querella ha sido interpuesta por un nieto de Jaime del Burgo.
La denuncia versa sobre el hallazgo del historiador sobre Jaime del Burgo, reflejado en un artículo publicado en DIARIO DE NOTICIAS y en su libro Sin piedad, limpieza política en Navarra 1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, donde se relata que Jaime del Burgo fue jefe de requetés de Navarra desde el 18 de octubre del 36 hasta, al menos, el 27 del mismo mes, por designación de Esteban Ezcurra.
Los historiadores rechazan la "judicialización" de la investigación histórica y defienden "el derecho a conocer los crímenes del franquismo".
Expresan su "solidaridad" con Fernando Mikelarena, "historiador de larga trayectoria", y consideran que "las investigaciones históricas no merecen otro juicio que el de la historiografía, es decir, la valoración rigurosa sobre el aparato crítico utilizado en ellas y la ponderación de las conclusiones que en ellas se vierten".
"Rechazamos la judicialización del quehacer historiográfico cuando los hechos investigados por Mikelarena se produjeron hace 85 años. No es un caso aislado. En días pasados se ha conocido que el gobierno polaco ha condenado a dos prestigiosos historiadores por sus investigaciones en torno al Holocausto. Este es un camino peligroso para la libertad intelectual", advierten.
Asimismo defienden "la libertad de investigación sobre los periodos más oscuros de la historia contemporánea, suficientemente dificultada ya por la ocultación y destrucción de fuentes históricas por parte de quienes manejaron los resortes de poder durante décadas".
En la misma línea, defienden "el derecho que la sociedad tiene a conocer cómo se gestó la violencia de los sublevados en 1936 y quiénes fueron sus responsables".
Por todo ello, confían en que la citada querella criminal "sea retirada o, en su defecto, sea desestimada".
Firman el escrito Esther Aldave Monreal, Amaia Alvarez Berastegui, Alvaro Baraibar Echeverría, Mikel Bueno Urritzelki, Josu Chueca Intxusta, Joseba de la Torre Campo, Javier Dronda Martínez, Pilar Erdozain Azpilicueta, Domingo Gallego Martínez, Juan Carlos García Funes, Angel García-Sanz Marcotegui, José Miguel Gastón Aguas, Roldán Jimeno Aranguren, José Miguel Lana Berasain, César Layana Ilundain, Juan Madariaga Orbea, Emilio Majuelo Gil, Eduardo Martínez Lacabe, Fernando Mendiola Gonzalo, Gregorio Monreal Zia, Daniel Oviedo Silva, Nerea Pérez Ibarrola, Gemma Piérola Narbarte, Zuriñe Sainz Pascual, Juan María Sánchez Prieto, Imanol Satrustegi Andrés, Xabier Zabaltza Pérez-Nievas y Erik Zubiaga Arana.
